Tlaxcala, Tlax.- El ayuntamiento de Zacatelco garantizó este martes el buen funcionamiento de las áreas administrativas y de servicio para la ciudadanía, a pesar de que el lunes el presidente municipal Hildeberto Pérez Álvarez fue aprehendido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Guardia Nacional.
La determinación de continuar con las actividades en la comuna fue asumida por los integrantes del cabildo, quienes a través de un comunicado aseguraron que todos los servicios que debe prestar el ayuntamiento “están garantizados” y deben continuar sin mayores contratiempos.
Por lo pronto, de acuerdo con la Ley Municipal, las faltas temporales del alcalde serán cubiertas por la persona titular de la primera regiduría, y en caso de que ésta se encuentre imposibilitado, lo hará el regidor que le siga en número. Ante la falta absoluta del munícipe, la falta será cubierta por el suplente.
La ley establece como falta absoluta de alguno de los integrantes del ayuntamiento, la muerte, interdicción, o declaración de ausencia decretada por autoridad judicial de estos; o porque su ausencia se prolongue por más de un año a partir de su separación.
Cabe recordar que el alcalde de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, es señalado de un presunto desvío de recursos públicos por el orden de los 10 millones 796 mil 563.22 pesos durante el año fiscal 2022, por lo cual fue detenido.
Al respecto, el Código Penal del Estado de Tlaxcala establece que comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el servidor público que “indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del Estado o permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico u otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados por la administración pública del Estado”.
Al respecto, el ordenamiento jurídico señala que al culpable de ese ilícito se le impondrán de dos y hasta nueve años de prisión, dependiendo el monto de operaciones ilegales que se le hayan imputado, así como el pago de una multa que va hasta los 648 días de salario.
