Puebla, Pue. El patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins ha sido gastado en litigios y repartido entre varias personas, señaló el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró que miembros de la familia Jenkins nunca se comportaron como los administradores de los recursos de la institución filantrópica, sino que los manejaban como si fueran de ellos.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara atraer el caso por la investigación de fraude y lavado de dinero en el manejo de 700 millones de dólares contra la familia Jenkins y el exrector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbéz, por lo que quedará en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), el mandatario estatal declaró que la ley solamente se está viendo aplicar.
"El tema no está resuelto, queda en manos de autoridades locales, eso significó la resolución de ayer, pero se señala por todo lo que dijeron los Jenkins y Ernesto Derbéz sobre este tema. La ley solalemente se está viendo aplicar, es lo que puedo decir", profirió Miguel Barbosa, al pedor que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada emitan un comunicado con el estatus de este caso.
De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo expresó que con el fallo de la Suprema Corte ocurrió todo lo contrario a lo que la defensa legal de la familia Jenkins daba por hecho, con lo cual, el caso quedó en manos de la FGR y autoridades del fueron común para su revisión y proceder a aplicar la ley para quien corresponda.
Mencionó que en el caso de que se terminen dictando órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins y éstas son enviadas al estado de Puebla, su administración procederá a investigar lo que esté dentro de su competencia.
