Advirtieron que la difusión de videos de las declaraciones de Miguel “N”, presunto feminicida, así como de la escena del crimen y de nombres de otras posibles víctimas, “han expuesto la vulnerabilidad de las investigaciones en curso”.
Organizaciones que representan a víctimas de desaparición y feminicidio exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sentenciar a funcionarios que filtraron videos e información referente a la investigación del asesinato de una adolescente y las lesiones a su madre por Miguel “N” en la delegación Iztacalco.
En un comunicado conjunto, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Justicia Pro Persona, advirtieron que la difusión de videos de las declaraciones de Miguel “N”, presunto feminicida, así como de la escena del crimen y de nombres de otras posibles víctimas, “han expuesto la vulnerabilidad de las investigaciones en curso”.
Exigieron detener las filtraciones y recordaron que las autoridades de la FGJCDMX, el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana son las responsables de mantener en “secrecía” la información del proceso penal.
Es por ello que pidieron a los titulares de esas dependencias dar “vista a los organismos internos de control a efecto de investigar las responsabilidades disciplinarias y penales de las personas funcionarias públicas que actuaron como primer respondiente y quienes procesaron la escena de los hechos, esto es peritos, personal ministerial y policial”.
Señalaron que, al vincular los indicios encontrados en el departamento del detenido con desapariciones de otras personas, se vulneran los derechos de las víctimas y de sus familiares.
Sobre la difusión de imágenes que pueden comprometer la investigación, exigieron a las autoridades de la FGJCDMX que “apliquen la Ley Ingrid para evitar la filtración y difusión de información en proceso de investigación”.
Así mismo, resaltaron que la difusión de las imágenes agravia a las víctimas, quienes tienen derecho a la privacidad y a la protección de sus datos, y “contribuyen a la normalización de la violencia feminicida”.
Por último, criticaron que al divulgar la imagen del presunto perpetrador como asesino serial o como una persona dañada de sus facultades mentales, se deja de lado que persiste “la violencia extrema contra las mujeres, a la permisibilidad de las autoridades y la impunidad que la rodea”.
