La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado dos acciones de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de 33 leyes de ingresos municipales del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, las cuales fueron aprobadas por el Congreso del Estado.
En los documentos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se señala que las normativas cuya invalidez se reclama pertenecen a los ayuntamientos de diversos municipios, incluyendo Apizaco, Tlaxcala, Huamantla, Chiautempan, Quilehtla, Terrenate, Tenancingo, Acuamanala, Mazatecochco, y otros más.
Las disposiciones impugnadas están relacionadas con cobros considerados excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información, tanto relacionados como no con el derecho de acceso a la información pública.
Según el análisis realizado por la CNDH, las tarifas establecidas por el Congreso tlaxcalteca para la expedición de copias certificadas no se ajustan a los costos reales del servicio proporcionado por el ente estatal, lo que vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad que lo rige.
El organismo autónomo encontró que las tarifas establecidas por el Congreso no guardan proporción con los gastos que implica la prestación de dichos servicios en los municipios especificados.
Por otro lado, se detectó que, para la entrega de información solicitada en copias certificadas, las personas solicitantes deberán abonar una cantidad que, según la CNDH, va en contra del principio de gratuidad que rige el derecho humano de acceso a la información pública.
El documento presentado por la CNDH subraya que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, debe prevalecer el principio de gratuidad, y cualquier cobro debe justificarse por el legislador, demostrando que no está gravando indebidamente la información.
Esta acción de inconstitucionalidad se encuentra actualmente en trámite y está pendiente de resolución por parte del Poder Judicial Federal.
