Tlaxcala, Tlax., — En un ejercicio que oscila entre la aclaración administrativa y la descalificación mediática, el Gobierno de Tlaxcala, a través de su vocero Antonio Martínez Velázquez, ha optado por cerrar filas frente al reportaje de alcance nacional publicado recientemente por el medio LatinUs.
La administración estatal no solo rechazó los señalamientos de presunto nepotismo que involucran a las hijas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, sino que centró su narrativa en cuestionar la legitimidad del mensajero y la vigencia de la información difundida bajo la firma de Carlos Loret de Mola.
La respuesta oficial surge tras la difusión de una investigación que pone bajo la lupa el manejo de aproximadamente mil 500 millones de pesos en dependencias como el DIF Estatal y la Secretaría del Bienestar, áreas donde Mariana y María Fernanda Espinosa de los Monteros mantienen una presencia activa.
No obstante, para Martínez Velázquez, la trascendencia del reportaje es nula, calificándolo como un producto carente de sustento que responde más a una agenda de intereses políticos antagónicos que a un ejercicio de fiscalización periodística real.
Bajo una postura crítica hacia la labor de LatinUs, el funcionario sugirió que la publicación podría ser una reacción "pagada" ante el reciente fortalecimiento político de la gobernadora, quien obtuvo el respaldo público de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la inauguración del primer polo de desarrollo en la entidad.
Esta interpretación gubernamental se trata de intento por invalidar el peso de una denuncia presentada en una plataforma de impacto nacional mediante la alusión a desaciertos pasados del periodista Loret de Mola.
En cuanto al fondo de la controversia, la defensa técnica del gobierno tlaxcalteca se sostiene en el carácter "honorífico" de las funciones desempeñadas por las hijas de la mandataria.
Según Martínez Velázquez, dichos cargos no implican facultades ejecutivas ni la toma de decisiones sobre el erario público, asegurando que las señaladas actúan únicamente como figuras de apoyo social sin percibir remuneración.
Sin embargo, la magnitud de los presupuestos que operan en las instituciones referidas mantiene abierta la interrogante sobre los mecanismos de control que separan la labor voluntaria de la influencia política real en la asignación de recursos estatales.
A pesar de que el vocero reiteró que el funcionamiento de la administración está sujeto a rigurosos procesos de supervisión y fiscalización institucional, la estrategia de comunicación se inclinó por minimizar el impacto del reportaje nacional, presentándolo como un "montaje" innecesario.
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