Pobladores de Guadalupe Ixcotla exigen a Poder Judicial suspensión definitiva a obra del IMSS

El motivo de la movilización fue solicitar una audiencia en el Juzgado Primero de Distrito para frenar la edificación de un complejo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre sus áreas de esparcimiento.

La principal demanda de los manifestantes, aglutinados en el comité defensor de su territorio, es que la magistrada Karina Juárez Benavides otorgue el freno definitivo a la obra, fallo que podría emitirse tentativamente este mismo martes si el tribunal ya cuenta con los expedientes requeridos.

Los quejosos urgen que la autoridad judicial emita su dictamen valorando los derechos indígenas, la autonomía y la libre determinación, advirtiendo que continuar con el proyecto generaría afectaciones irreversibles a su herencia comunal.

Durante la concentración, los portavoces del movimiento responsabilizaron del conflicto a la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros; al director nacional del IMSS, Zoé Robledo Aburto; y a la edil chiautempense, Blanca Estela Angulo Meneses.

Argumentaron que estas figuras de gobierno ignoraron por completo su derecho a recibir una consulta previa y transparente, apegada a sus usos y costumbres.

Sobre este punto, detallaron que las asambleas convocadas a mediados de junio resultaron ser una simulación ya qur, según los testimonios, se intentó forzar aprobaciones exprés sin permitir el debate, organizando los encuentros en la calle y no en los recintos tradicionales.

Además, acusaron la infiltración de policías y burócratas municipales en las votaciones, anomalías que desataron el enojo social, derivando en el llamado del pueblo mediante el sonido de las campanas y la cancelación de dichas reuniones.

De igual forma, reprobaron el decreto publicado el 9 de julio por el Ejecutivo estatal, calificándolo como un acto unilateral, lleno de imprecisiones geográficas, que busca arrebatarles el único sitio recreativo disponible para las familias y deportistas de la zona, predios de los cuales, aseguraron, la dependencia federal no tiene los títulos de propiedad.

Para concluir, los líderes vecinales alertaron sobre una escalada de persecución penal en su contra como represalia por defender sus predios.

Revelaron que el aparato de justicia se ha utilizado para intimidarlos, señalando el caso de dos defensores que, aunque lograron salir de prisión, continúan enfrentando cargos. Frente a estos abusos, mantienen expedientes abiertos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

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