La decisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno volvió a poner el foco en los mecanismos de vigilancia de las contrataciones públicas en México. La empresa Comercializadora Hermanos del Valle S.A. de C.V. fue sancionada tras detectarse irregularidades durante un proceso de contratación con la Secretaría de Cultura.
Además de una multa económica, la compañía enfrentará una restricción temporal que le impedirá participar en nuevos contratos con dependencias gubernamentales, una medida que busca fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos.
Sanción por información falsa en contrataciones públicas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la empresa recibió una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses por haber presentado documentación falsa durante un procedimiento de contratación.
La resolución fue emitida por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura dentro del expediente CULTURA-PAS-01/2026 y posteriormente se dio a conocer mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con las autoridades, la empresa participó en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica de Carácter Nacional para la contratación de servicios relacionados con los programas expositivo, editorial y de acervos del Centro de la Imagen.
El documento que originó la sanción
La investigación determinó que la compañía presentó como propia una manifestación de estratificación empresarial que pertenecía a otro licitante que participaba en el mismo procedimiento.
Las autoridades concluyeron que existió una actuación dolosa al intentar acreditar información que no correspondía a la empresa, situación que derivó en la imposición de las sanciones administrativas.
El caso se suma a otros procedimientos recientes impulsados por la Secretaría Anticorrupción para detectar posibles irregularidades en las adquisiciones y contrataciones del sector público.
Qué consecuencias tendrá la inhabilitación
A partir de la entrada en vigor de la sanción, las dependencias de la Administración Pública Federal, así como gobiernos estatales, municipales y organismos públicos, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con la empresa durante el periodo establecido.
La restricción alcanza procedimientos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Asimismo, la compañía fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que quedará impedida para participar en nuevas contrataciones gubernamentales mientras permanezca vigente la inhabilitación.
Una medida que busca reforzar la transparencia
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que este tipo de acciones tienen como objetivo proteger la legalidad y la transparencia en los procesos de contratación pública, además de enviar un mensaje sobre las consecuencias de presentar información falsa ante las autoridades.
La sanción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un nuevo episodio en la supervisión de proveedores que participan en contratos con el Gobierno de México.
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