Tlaxcala, Tlax.- Tlaxcala puso sobre la mesa una cifra que está dando de qué hablar: cada año, el estado destina más de 56 millones de pesos para la alimentación de personas privadas de la libertad en sus penales.
A esto se suma la separación de un escolta ligado a un percance vial y la respuesta oficial ante la protesta de agricultores en Nanacamilpa, temas que encendieron la conversación pública.
Millonario gasto anual en alimentación dentro de penales de Tlaxcala
El gobierno de Tlaxcala informó que anualmente eroga 56 millones 64 mil pesos para cubrir la alimentación de aproximadamente mil 280 personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad, tanto en el área varonil como femenil.
De acuerdo con Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el cálculo parte de un gasto promedio de 120 pesos diarios por cada interno, lo que representa una erogación cercana a 153 mil 600 pesos al día.
En el llamado Diálogo Circular con medios, el funcionario dejó claro que este monto es parte de la operación cotidiana del sistema penitenciario estatal y refleja el tamaño de la población penitenciaria actual en Tlaxcala.
Dato clave:
- 1,280 PPL en penales estatales
- 120 pesos diarios por persona
- 153,600 pesos diarios en total
- 56,064,000 pesos al año destinados a alimentación
La cifra no pasó desapercibida, ya que pone en perspectiva el costo que representa mantener la operación básica de los penales en el estado, especialmente en rubros sensibles como la alimentación.
Separan de funciones a escolta vinculado a percance vial en Puebla
En otro de los temas que marcaron la jornada, el titular de la SSC confirmó que Omar N., quien formaba parte del grupo de escoltas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, estuvo involucrado en un percance de tránsito en Puebla, donde además fue detenido de manera momentánea.
Aunque el funcionario aclaró que todavía no existe una sanción definitiva, sí precisó que el elemento fue separado de sus funciones como guardaespaldas de la mandataria estatal mientras se revisa su situación.
Por su parte, Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado (CCOM), subrayó que la persona involucrada fue detenida conforme al procedimiento y aseguró que en la actual administración “no hay influyentismo”.
La postura oficial busca enviar un mensaje claro: el caso no será minimizado y el servidor público ya fue retirado de una función sensible en lo que se determina su situación administrativa o legal.
Gobierno responde a protesta en Nanacamilpa y lanza críticas a opositores
Otro punto que generó controversia fue la postura del vocero estatal sobre una manifestación de agricultores en Nanacamilpa, realizada durante una visita de la gobernadora.
Según la versión oficial, el grupo inconforme fue atendido por el gobierno del estado, aunque la movilización provocó que Lorena Cuéllar tuviera que salir por una ruta alterna del inmueble donde encabezaba un evento, ya que el acceso principal estaba bloqueado por tractores.
En este contexto, Antonio Martínez Velázquez criticó duramente la cobertura de algunos medios digitales, a los que llamó “pasquines digitales”, y también lanzó señalamientos contra manifestantes a quienes calificó como “acaparadores” y supuestamente vinculados con la oposición, en particular con el PAN.
Además, el vocero aseguró que ese mismo grupo ha participado anteriormente en bloqueos carreteros en la zona poniente de Tlaxcala, en medio de exigencias relacionadas con mejores precios para el maíz.
Con esto, el panorama en Tlaxcala quedó marcado por tres temas fuertes en un mismo día: el costo millonario del sistema penitenciario, la revisión interna en seguridad pública y la tensión política por protestas del sector agrícola. Si algo dejó claro esta jornada, es que la agenda estatal sigue moviéndose entre cifras, decisiones administrativas y presión social.
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