Tlaxcala, Tlax. — La confrontación entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno del Estado sumó un nuevo capítulo luego de que la delegada del Comité Ejecutivo Nacional priista, Mariana Moguel Robles, hiciera pública la recepción de presuntas amenazas en su contra, las cuales atribuye a sus recientes exigencias de transparencia financiera hacia la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Durante la habitual conferencia de prensa semanal del tricolor, la representante partidista afirmó que las intimidaciones comenzaron a raíz de sus cuestionamientos sobre el destino y uso de diez camionetas de lujo con blindaje, una adquisición estimada en más de 50 millones de pesos cuya información presupuestal y operativa se mantiene bajo reserva oficial.
Moguel Robles adelantó que acudirá ante las autoridades ministeriales para presentar las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable, asegurando que las presiones no frenarán su exigencia de rendición de cuentas sobre los bienes y recursos de la entidad.
"Nuestra postura se mantendrá firme en solicitar información pública. Las amenazas no van a frenar la exigencia de claridad en el manejo de los recursos de los tlaxcaltecas", aseveró la dirigente partidista al fijar la postura de la representación nacional.
Esta nueva denuncia se inserta en un historial de recurrentes señalamientos por parte de la funcionaria priista desde su llegada a la entidad.
En junio pasado, la delegada acusó a funcionarios estatales y municipales de promover actos anticipados de campaña, mientras que en julio elevó el tono discursivo al señalar un presunto pacto criminal en el estado.
Asimismo, Moguel Robles ha extendido sus críticas hacia la oposición, como ocurrió con sus recientes reclamos a Movimiento Ciudadano por considerar que carece de cuadros representativos.
A pesar de la gravedad de la acusación, la dirigencia del tricolor no ofreció detalles precisos sobre la naturaleza de los amagos.
Hasta el momento no se han hecho públicos datos sobre la fecha exacta, el medio por el cual se recibieron los mensajes, el contenido de estos o la identidad de los supuestos responsables, lo que ha generado posturas críticas que señalan una falta de elementos probatorios en sus dichos.
Corresponderá ahora a las instancias judiciales determinar la veracidad y alcance de los hechos una vez formalizada la denuncia penal.
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