Tlaxcala, Tlax.,- La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) han anunciado una auditoría interna y la apertura total de su información laboral, en respuesta a los recientes señalamientos que apuntan a la existencia de presuntas irregularidades en la asignación de plazas dentro del sistema educativo estatal.
La medida, encabezada por el titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández, surge luego de que diversos reportes y documentos filtrados cuestionaran la situación laboral de Angélica Domínguez Hernández, actual directora de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (CORACyT).
El caso de Domínguez Hernández ha centrado la atención mediática y la inconformidad de trabajadores del sector, quienes denuncian que la funcionaria habría sido beneficiada en marzo pasado con una plaza de trabajadora social en la Escuela Secundaria General «Domingo Arenas» de Zacatelco, adscrita a la Sección 31 del SNTE.
Los señalamientos advierten que, al ser una asignación reciente, la funcionaria no contaría con la antigüedad requerida para ejercer licencias y, a pesar de ello, estaría percibiendo el sueldo correspondiente mientras desempeña sus labores como titular de la CORACyT.
Según datos del Presupuesto de Egresos 2026, la suma de sus percepciones, sumado a sus prestaciones, elevaría los recursos públicos destinados a la funcionaria a más de 124 mil pesos mensuales, situación que ha desatado acusaciones sobre una supuesta red de "aviadores" favorecidos por la estructura educativa.
Ante este escenario, Homero Meneses ha salido al paso de los cuestionamientos, asegurando que se hará pública la relación completa de las más de 34 mil plazas del sistema educativo, así como los organigramas detallados de los más de mil 300 planteles públicos de Tlaxcala.
El funcionario enfatizó que el objetivo es transparentar los mecanismos de asignación de espacios laborales y despejar dudas sobre posibles actos discrecionales.
Asimismo, subrayó que el hecho de ostentar un cargo público y, simultáneamente, una plaza docente no constituye automáticamente una falta, siempre y cuando el proceso de obtención y la normativa vigente se hayan respetado escrupulosamente.
La dependencia educativa se ha comprometido a revisar puntualmente el caso de la directora de la CORACyT para determinar si su situación se ajusta a la legalidad.
Mientras tanto, el documento que circula y que presuntamente vincula a otros servidores públicos con plazas laborales sin funciones docentes ha generado una fuerte presión interna, orillando a la SEPE-USET a iniciar un proceso de apertura informativa sin precedentes, con el cual buscan sofocar las críticas sobre el manejo de la plantilla laboral y las acusaciones de nepotismo o favoritismo en el otorgamiento de beneficios contractuales.
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