Gremio periodístico encara al ITE tras censurar material de medio local

La controversia escaló cuando los representantes de la prensa local se presentaron ante el Consejero Presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, para manifestar su profunda preocupación.

Los periodistas sostienen que el órgano electoral ha incurrido en un acto de censura que no solo ignora la naturaleza de la labor informativa, sino que criminaliza a los medios de comunicación al señalarlos como responsables de "proselitismo anticipado", mientras que, paradójicamente, se exonera o se es más flexible con los funcionarios públicos que protagonizan las conductas denunciadas.

El material objeto de la sanción mostraba expresiones de apoyo político-electoral dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), a pesar de que el ITE reconoció que el video de "La Bestia Política" contenía cuestionamientos críticos sobre el uso de recursos públicos y tiempo laboral para fines partidistas, determinó que el contenido debía ser ocultado preventivamente.

Edgar García Gallegos, titular del medio afectado, cumplimentó formalmente la orden para evitar sanciones legales, pero lo hizo bajo una enérgica protesta.

En un escrito dirigido a la autoridad, García Gallegos denunció que el ITE omitió aplicar el "Manto Jurídico Protector" que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga al periodismo.

Argumentó que la autoridad electoral debió realizar una "verificación reforzada" antes de restringir la información, demostrando con pruebas y no con meras presunciones que el medio actuaba bajo pago o simulación, algo que no ocurrió en este proceso.

Para la UPET y el COMECOT, esta medida cautelar replica conductas restrictivas observadas anteriormente en el proceso electoral judicial de 2025, lo que genera un "efecto inhibitorio" en la prensa local.

Los gremios advierten que, si se permite que el ITE sancione la difusión de hechos de interés público, otros comunicadores podrían optar por el silencio ante irregularidades por temor a represalias administrativas.

La defensa del medio subrayó que existe una distinción jurídica clara que el ITE decidió ignorar: una cosa es la posible responsabilidad del funcionario que infringe la ley y otra, muy distinta, es la licitud del medio que documenta, critica y difunde dicho suceso.

Al ordenar el retiro del video, el ITE habría vulnerado no solo el derecho de los periodistas a informar, sino el derecho de la ciudadanía a recibir información y participar en el debate democrático sobre el comportamiento de sus servidores públicos.

La prensa tlaxcalteca ha exigido que, en adelante, cualquier medida que involucre contenidos periodísticos sea analizada bajo estándares de máxima protección constitucional, recordando que la actividad informativa debe presumirse lícita, auténtica y gratuita mientras no se demuestre lo contrario.