Tlaxcala, Tlax.- El gobierno de Tlaxcala fijó postura ante las versiones sobre un supuesto condicionamiento de apoyos públicos y aseguró que los programas deben entregarse a la ciudadanía conforme a las reglas establecidas, sin presiones ni fines políticos.
Durante los Diálogos Circulares de este martes, el coordinador de Comunicación, Antonio Martínez Velázquez, señaló que se estableció comunicación con el delegado de los Programas para el Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, luego de que circularan versiones relacionadas con presuntas reuniones para ofrecer dinero, condicionar apoyos o ejercer amenazas.
Gobierno de Tlaxcala pide denunciar cualquier presión
Martínez Velázquez explicó que, de acuerdo con la información recibida, Carlos Luna Vázquez negó que se hayan realizado reuniones con esos propósitos. El funcionario estatal sostuvo que los programas públicos deben manejarse bajo criterios institucionales y sin condicionamientos de carácter político.
En ese contexto, recordó que ningún superior, secretario o titular de una dependencia puede obligar a las y los trabajadores a participar en actividades políticas.
La postura busca dejar claro que la entrega de apoyos y el funcionamiento de las dependencias públicas no deben estar sujetos a presiones partidistas o personales.
Llaman a presentar denuncias por las vías institucionales
El coordinador de Comunicación señaló que cualquier persona que considere haber sido presionada o que haya recibido algún tipo de condicionamiento puede acudir a las instancias de control correspondientes para presentar una denuncia.
La intención, explicó, es que los posibles hechos sean revisados formalmente por las autoridades competentes y no permanezcan únicamente como señalamientos difundidos públicamente.
El llamado es a documentar y denunciar cualquier irregularidad para que pueda determinarse si existe alguna responsabilidad.
La respuesta oficial ante los señalamientos
Martínez Velázquez insistió en que las acusaciones de esta naturaleza deben canalizarse mediante las instituciones correspondientes, ya que son estas las que cuentan con las facultades para investigar y establecer si ocurrió alguna conducta irregular.
De esta manera, el gobierno estatal reiteró su postura de mantener un manejo institucional de los programas públicos y garantizar que las personas beneficiarias puedan recibir los apoyos sin condicionamientos.
El tema queda sujeto a la presentación de posibles denuncias y a las investigaciones que, en su caso, pudieran realizar las autoridades competentes. Mientras tanto, la administración estatal sostuvo que los programas deben mantenerse al margen de cualquier presión de carácter político.
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