Exigen sanción a Javier Marroquín por presunta violencia política contra diputada

Mujeres en Consenso pide sancionar a funcionario de Tlaxcala

La organización feminista Mujeres en Consenso, encabezada por la activista Coral Ávila Casco, demandó al gobierno estatal que analice y, en su caso, sancione la conducta atribuida al secretario Javier Marroquín.

El colectivo consideró que las expresiones utilizadas contra Miriam Martínez Sánchez fueron despectivas y que infantilizaron, minimizaron y ridiculizaron a la legisladora en el contexto de una discusión política.

El caso tomó relevancia porque las declaraciones provinieron de un integrante del gabinete estatal y estuvieron relacionadas con una iniciativa presentada por la diputada ante el Congreso local.

Las declaraciones que detonaron la controversia

Durante el Diálogo Circular con medios de comunicación del pasado lunes, Marroquín fue cuestionado sobre la propuesta de Martínez Sánchez para establecer que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico tenga una residencia mínima de cinco años en Tlaxcala.

El funcionario defendió su trabajo al frente de la dependencia y cuestionó la propuesta de la legisladora. También señaló que, desde su perspectiva, Martínez Sánchez debía estudiar con mayor profundidad el tema legislativo y ejercer su responsabilidad como diputada durante los tres años de la Legislatura, y no solamente durante periodos electorales.

Una de sus expresiones fue interpretada por Mujeres en Consenso como una descalificación hacia la representante popular.

El colectivo señaló particularmente el uso del término “la legislativa”, al considerar que reflejaba un trato despectivo y un desconocimiento de la investidura de la diputada.

El gobierno estatal evita determinar si hubo violencia política

Ante la exigencia de Mujeres en Consenso, Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación del Estado, sostuvo que el gobierno estatal no es la instancia que determina si existió violencia política en razón de género.

Explicó que Marroquín Calderón deberá hacerse cargo del asunto y que, si existe un procedimiento formal ante las autoridades correspondientes, será en ese ámbito donde se determine lo conducente.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a quienes forman parte del gabinete de Lorena Cuéllar Cisneros para conducirse dentro de un marco de respeto a los derechos humanos.

La postura deja el caso abierto a una eventual revisión por las instancias competentes, mientras la organización civil mantiene su exigencia de que exista una respuesta institucional.

Mujeres en Consenso cuestiona el trato hacia la diputada

Para la organización, el problema no se limita a una diferencia de opiniones entre actores políticos. Sostuvo que las expresiones utilizadas reproducen conductas que restan autoridad y legitimidad a una mujer que ejerce un cargo de representación popular.

Mujeres en Consenso argumentó que minimizar o ridiculizar a una legisladora puede contribuir a reproducir estereotipos y relaciones de poder que afectan la participación política de las mujeres.

Por ello, pidió al gobierno de Tlaxcala reconocer la gravedad del señalamiento, revisar la conducta atribuida al funcionario y garantizar que las mujeres que participan en la vida pública puedan desempeñar sus funciones sin descalificaciones.

El planteamiento también abrió un cuestionamiento sobre las acciones de capacitación y transversalización de la perspectiva de género dentro de las estructuras gubernamentales.

Por ahora, la existencia de violencia política en razón de género no ha sido determinada por una autoridad competente. El punto central será conocer si existe una denuncia o procedimiento formal y cuál es la valoración que realicen las instancias correspondientes sobre las declaraciones que provocaron la controversia.