Exige Blanca Águila destitución de gabinete de seguridad tras represión contra campesinos

Al término de la sesión ordinaria de este martes, la legisladora sostuvo que el uso de la fuerza pública desmedida es una respuesta inadmisible ante demandas sociales legítimas, señalando que la administración estatal ha sustituido sistemáticamente el diálogo por la represión, dejando al sector agrícola en una situación de desesperanza al ser atendido únicamente con promesas que no se traducen en hechos.

La crítica de Águila Lima se centró de manera incisiva en la actuación de Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a quien reprochó una determinación policial selectiva.

La representante popular cuestionó que el despliegue de fuerza y la "valentía" observada contra los manifestantes sea inexistente al momento de prevenir delitos de alto impacto, asaltos o extorsiones que laceran a la ciudadanía y al sector transporte en la entidad.

En este sentido, calificó como un insulto para los tlaxcaltecas que los mandos de seguridad se muestren implacables frente a los campesinos, mientras permanecen ausentes en el combate frontal a las bandas criminales que operan con impunidad en el estado.

Ante la gravedad de los incidentes, la diputada exigió la destitución inmediata tanto del secretario Perea Marrufo como del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, atribuyéndoles una responsabilidad directa y compartida en el resquebrajamiento de la paz social.

Según la legisladora, esta agresión no representa un hecho aislado, sino que es el síntoma de una falta de resultados que ha caracterizado al presente sexenio, donde los encargados de la gobernabilidad han traicionado la confianza ciudadana pese a contar con el respaldo presupuestal y las herramientas legales, como el Mando Único, aprobadas desde el Congreso del Estado.

Finalmente, Blanca Águila Lima hizo un llamado a la gobernadora para que realice una evaluación crítica de su gabinete y rectifique el rumbo de su administración para ponerse del lado de los gobernados.

Sentenció que la falla operativa recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, el cual parece haber agotado prematuramente sus capacidades de mediación política al permitir acciones que atentan contra la integridad física de la población civil, lo que evidencia un desgaste institucional preocupante en el manejo de los conflictos sociales en Tlaxcala.