La afectación probable a la hacienda o al patrimonio de los entes fiscalizables en la revisión de la cuenta pública 2023 asciende a 355 millones 218 mil 963.39 pesos, lo que representa una disminución del 23.94% en comparación con 2022, cuando se detectaron inconsistencias por 467 millones 29 mil 473.27 pesos.
El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) entregó al Congreso del estado el Informe General y 104 informes individuales relacionados con la cuenta pública 2023. Los informes abarcan los tres poderes del estado, 28 entidades paraestatales, siete organismos autónomos, un organismo no sectorizado, 60 ayuntamientos y cinco comisiones de agua potable.
Durante la presentación, el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, explicó que el monto observado se abordará a través de mecanismos administrativos.
“El importe observado de probable daño patrimonial fue de 997 millones de pesos. Durante la etapa de solventación, los entes fiscalizables aclararon, justificaron o reintegraron 642 millones de pesos, lo que representa el 64.4%. El importe pendiente de solventar de 355 millones de pesos, equivalente al 35.6%, se desahogará en el procedimiento administrativo correspondiente”, detalló Salas Miguela.
El Informe General revela que los ayuntamientos tienen observaciones por 309 millones 938 mil 4 pesos, seguidos por las entidades paraestatales con 28 millones 977 mil 478.30 pesos, y los poderes con 8 millones 938 mil 232.29 pesos.
Los organismos autónomos no comprobaron gastos generalizados por 2 millones 112 mil 981.43 pesos, mientras que las comisiones de agua potable presentaron un probable daño patrimonial de 6 millones 189 mil 333.33 pesos. En contraste, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala no reportó observaciones.
El Poder Legislativo no presentó irregularidades ni desviaciones, mientras que el Poder Judicial tuvo observaciones por 30 mil 712.75 pesos.
“Los importes representan el monto de las operaciones observadas, identificando los montos operados, que no necesariamente implicaron recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la hacienda pública o a su patrimonio. Persisten importes considerados como probable responsabilidad y estarán sujetos a las aclaraciones que se efectúen en los procedimientos y plazos establecidos”, concluye el Informe General.
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