Tlaxcala, Tlax.- Un diagnóstico sobre los 60 municipios de Tlaxcala puso sobre la mesa una de las principales debilidades de los gobiernos locales: mientras la mayoría cumple con diversas obligaciones administrativas, persisten importantes vacíos en materia de prevención, control interno y protección de información.
El dato que más llama la atención es que 44 ayuntamientos no cuentan con políticas o lineamientos formales de ciberseguridad, mientras que 33 tampoco tienen instalado un Comité de Control Interno. Los resultados forman parte del primer Mapeo de los Órganos Internos de Control (OIC) realizado en los municipios del estado.
Municipios de Tlaxcala muestran avances, pero también importantes rezagos
El diagnóstico fue elaborado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), en un ejercicio técnico impulsado por su presidente, Juan Carlos Cruz Jiménez.
La revisión se concentró en cuatro áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento de las contralorías municipales: ética pública, declaraciones patrimoniales, responsabilidades administrativas y control interno.
En el cumplimiento formal de obligaciones, los resultados son relativamente favorables. De los 60 ayuntamientos, 58 cuentan con un Código de Ética aprobado, mientras que 92 por ciento dispone de un Código de Conducta.
Además, todos los municipios utilizan la Plataforma Digital Estatal para el resguardo y seguimiento de las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos.
También se identificaron avances en la atención de responsabilidades administrativas. En 52 municipios existe una separación técnica entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, una condición que busca evitar que una misma autoridad concentre todas las etapas de un procedimiento.
El problema aparece cuando se revisa la prevención
El panorama cambia cuando el análisis se enfoca en los mecanismos destinados a detectar riesgos antes de que se conviertan en irregularidades.
El estudio encontró que 33 ayuntamientos no tienen instalado un Comité de Control Interno, lo que representa más de la mitad de los municipios del estado. Estas estructuras tienen entre sus funciones contribuir a la vigilancia institucional y a la administración de riesgos dentro de las propias administraciones públicas.
La prevención de posibles actos de corrupción también presenta deficiencias. El 53 por ciento de las contralorías municipales no aplica metodologías formales para identificar, evaluar y mitigar riesgos de corrupción.
La situación plantea una diferencia importante entre cumplir con documentos y contar con mecanismos capaces de anticipar problemas en la operación cotidiana de los gobiernos locales.
44 ayuntamientos están expuestos por falta de políticas de ciberseguridad
Uno de los hallazgos más relevantes del diagnóstico está relacionado con la protección de los sistemas informáticos.
Sólo 16 municipios cuentan con políticas o lineamientos de seguridad para proteger sus sistemas de información y bases de datos. En contraste, 44 ayuntamientos, equivalentes al 73 por ciento, carecen de instrumentos formales en esta materia.
La dimensión del problema aumenta por el tipo de información que manejan las administraciones municipales. Entre los datos bajo su resguardo se encuentran declaraciones patrimoniales, expedientes administrativos, información de trabajadores y datos personales de ciudadanos.
No se trata únicamente de una cuestión tecnológica. Una política de ciberseguridad también permite establecer procedimientos para reducir riesgos, definir responsabilidades y responder ante posibles incidentes que comprometan información institucional.
El diagnóstico encontró además una brecha entre la existencia de registros de sanciones y su transparencia pública. Aunque 77 por ciento de los municipios lleva un registro de servidores públicos sancionados, sólo 25 ayuntamientos, equivalentes a 42 por ciento, publican esas resoluciones en las plataformas nacionales correspondientes.
Ante los resultados, el CPC del SAET planteó varias recomendaciones: acelerar la instalación de los Comités de Control Interno pendientes, capacitar al personal en conflicto de intereses, fortalecer las metodologías de identificación de riesgos de corrupción y profesionalizar las áreas de informática.
El diagnóstico deja así un contraste claro: los municipios de Tlaxcala han avanzado en distintos requisitos administrativos, pero todavía enfrentan una tarea importante para convertir ese cumplimiento formal en mecanismos efectivos de prevención, control y protección de la información pública.
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