Salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica en Puebla, advierte la UPAEP

Durante la presentación del Monitor de Alimentación y Pobreza Regional, el director del CIIE, Alfonso Mendoza Velázquez, explicó que este estudio será publicado mensualmente y se elabora con base en la metodología del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El académico informó que el costo de la canasta básica alimentaria en Puebla asciende a 2 mil 407 pesos por persona en zonas urbanas y a mil 815 pesos en zonas rurales. Aunque ambas cifras se ubican por debajo del promedio nacional, aclaró que ello no implica que las familias tengan la capacidad económica para adquirir todos los alimentos requeridos.

Por su parte, el investigador Óscar Salomón Castañeda Lozada indicó que durante junio los productos con mayores incrementos de precio fueron la papa, la cebolla y la manzana, debido a problemas de oferta y afectaciones climatológicas que impactaron las cosechas. Agregó que Puebla se encuentra entre los principales estados productores de papa, junto con Sonora, Sinaloa y el Estado de México.

El especialista añadió que la estabilidad en los precios internacionales de los energéticos entre abril y principios de julio contribuyó a contener mayores incrementos en los alimentos, aunque advirtió que factores externos, como la situación en el estrecho de Ormuz, continúan representando un riesgo para los costos de producción y distribución.

En tanto, la investigadora Viviana Elizabeth Zárate Mirón explicó que, bajo el supuesto de una familia de cuatro personas sostenida por un solo trabajador que percibe el salario mínimo, ninguna entidad del país logra cubrir completamente el costo de la canasta básica urbana, con excepción de Tabasco, donde el ingreso apenas permitiría un margen de 26 pesos.

En el caso de Puebla, precisó, el déficit para adquirir la canasta básica alimentaria urbana oscila entre 136 y 177 pesos. Asimismo, los especialistas consideraron que cualquier incremento al salario mínimo debe ir acompañado de políticas públicas y fiscales que fortalezcan el poder adquisitivo de las familias sin afectar la generación de empleos formales.