Puebla, Pue. Los ex funcionarios responsables de haber entregado de manera irregular "miles" de concesiones del transporte público serán denunciados, reveló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que los ex servidores públicos que serán perseguidos por actos corruptos pertenecieron a los gobiernos morenovallistas y al interinato de Guillermo Pacheco Pulido.
Miguel Barbosa declaró que hay muchos problemas aún por resolver en el funcionamiento del transporte público en la entidad, como las rutas "encimadas" y el pirataje que existe en este servicio gracias a la entrega irregular de concesiones, lo cual dijo que se limpiará para evitar que en su administración se le dé continuidad a este tipo de prácticas de corrupción.
"Hay muchos problemas que asumo como reales. Vamos a presentar denuncias contra funcionarios de gobiernos anteriores por los miles de permisos que otorgaron en todo el estado. Ya tenemos todos los elementos y ya estamos preparando todo", profirió.
Admiten fracaso en modernización del transporte público
El mandatario estatal admitió además que a un año de aprobarse el incremento a la tarifa del transporte público, la modernización de unidades que se acordó con los concesionarios de este servicio tras el aumento, que contemplaba la instalación de dispitivos GPS y cámaras de videovigilancia, ha sido un fracaso hasta el momento, por lo que hizo el compromiso de cumplir con lo acordado, así como acabar con la corrupción.
En ese sentido, el jefe del Poder Ejecutivo expuso que además de combatir las irregularidades que existen en este servicio, buscarán incentivar la instalación de los dispotivos tecnológicos que ayudarán a mejorar la seguridad en el transporte público.
"Mi gobierno no será de esos corruptos que simplemente hicieron más porquerías de las que recibieron y provocaron una enorme corrupción en el manejo del transporte público. Mi gobierno no será ese", aseveró.
Aunque Miguel Barbosa solo responsabilizó a su administración en este fracaso, algunos transportistas de Puebla han argumentado que la emergencia de salud por el Covid-19, que empezó hace siete meses, es lo que no les ha permitido cumplir con ese aspecto, toda vez que no cuentan con solidez financiera, debido al cumplimiento en el pago de insumos, impuestos e infracciones, además de que ya no logran generar los mismos ingresos que antes.