La periodista de investigación Anabel Hernández denunció nuevas amenazas, actos de hostigamiento e intimidación que, según su propio señalamiento, estarían relacionados con la publicación de su libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México. La comunicadora responsabilizó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Morena y a personas que identifica como voceros del partido.
La acusación ocurre en medio de la promoción de su nueva investigación, basada principalmente en el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, exintegrante de una organización criminal y testigo en el proceso contra Genaro García Luna. Hernández sostiene que las presiones buscan frenar la difusión del contenido de la obra.
Anabel Hernández señala amenazas tras la publicación de Narcocracia
En un mensaje difundido en redes sociales, Hernández afirmó que durante los últimos días ha sido objeto de una campaña de “hostigamiento, intimidación y amenazas”. La periodista señaló directamente a Claudia Sheinbaum, Morena y personas que identificó como sus voceros.
La acusación forma parte de una denuncia pública de la propia comunicadora y no constituye por sí misma una determinación judicial sobre las conductas que atribuye a funcionarios, integrantes del partido o personas relacionadas con el gobierno.
Hernández relacionó las presuntas intimidaciones con el contenido de Narcocracia, una investigación que aborda, de acuerdo con la presentación editorial de la obra, las relaciones entre crimen organizado, estructuras de poder y distintos actores públicos.
¿Qué contiene el nuevo libro de Anabel Hernández?
El trabajo periodístico toma como uno de sus principales puntos de partida el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien fue integrante de los Beltrán Leyva y participó como testigo en el proceso judicial contra Genaro García Luna.
A partir de ese testimonio, Hernández plantea distintas acusaciones sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales y personajes relacionados con la política y otros sectores de influencia.
La presentación comercial de la obra señala que la investigación busca examinar cómo el dinero y los intereses del crimen organizado habrían atravesado distintas estructuras de poder.
La periodista dice que notificó las amenazas al Mecanismo de Protección
Hernández también informó que las amenazas fueron comunicadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esa instancia federal tiene entre sus funciones implementar medidas de prevención y protección para periodistas y defensores que enfrentan agresiones relacionadas con su labor.
Reportes publicados en los últimos días señalan que especialistas en seguridad revisaron los mensajes que recibió la periodista y le recomendaron tomar las intimidaciones con seriedad. Esta información corresponde a lo relatado por Hernández y a la cobertura periodística de su denuncia.
Hernández mantiene la presentación de su investigación
Pese a las amenazas que denuncia, la periodista aseguró que mantendrá la difusión de su libro y la convocatoria para presentar públicamente su investigación en la Ciudad de México.
El anuncio convirtió la presentación de Narcocracia en un nuevo punto de atención alrededor del debate sobre libertad de expresión, seguridad de periodistas y periodismo de investigación.
La fecha de la presentación ha sido difundida de manera distinta en algunos espacios de promoción: Hernández anunció públicamente un encuentro para el 24 de septiembre, mientras que una ficha de Penguin Eventos registra el Club de Periodistas de México para el 25 de septiembre.
El debate queda entre las amenazas y las acusaciones
Más allá de las acusaciones hechas por la periodista, el caso vuelve a colocar bajo discusión la seguridad de quienes investigan al crimen organizado y la relación entre periodismo, poder político y libertad de expresión.
Hernández sostiene que continuará difundiendo su investigación pese a las intimidaciones que afirma haber recibido. Los señalamientos sobre Morena, Claudia Sheinbaum y supuestos vínculos políticos con el crimen organizado deben entenderse como acusaciones atribuidas a la periodista, mientras no exista una resolución o evidencia judicial que determine responsabilidades.