La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra dos personas por su probable responsabilidad en el delito de estupro en el municipio de Zacatlán. El caso involucra a una adolescente de 15 años y forma parte de una investigación iniciada tras la denuncia de los hechos.
Las detenciones fueron realizadas por agentes investigadores luego de diversas diligencias ministeriales. Ahora, ambos imputados quedaron a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica en las próximas etapas del proceso.
FGE de Puebla ejecuta órdenes de aprehensión por presunto estupro en Zacatlán
De acuerdo con la investigación ministerial, Benito N. y Teresa N., ambos de 24 años de edad, son investigados por su probable responsabilidad en el delito de estupro, derivado de hechos ocurridos durante noviembre y diciembre de 2025 en el municipio de Zacatlán.
La Fiscalía señaló que ambas personas presuntamente entablaron una relación con una adolescente de 15 años, cuya identidad permanece reservada conforme a la ley para proteger a la víctima.
La investigación se originó por hechos ocurridos en 2025
Según la carpeta de investigación, en diciembre de 2025 los ahora imputados habrían convencido a la menor para mantener una relación sexual con uno de ellos.
A partir de esos hechos, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y reunió los elementos necesarios para solicitar los mandamientos judiciales.
Las detenciones se realizaron en distintos puntos de Zacatlán
Como resultado de las diligencias, agentes de investigación localizaron a los dos señalados en diferentes puntos del municipio y ejecutaron las órdenes de aprehensión.
Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso y con apego al debido proceso.
La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de menores
La FGE informó que continuará investigando este tipo de casos con un enfoque de protección hacia niñas, niños y adolescentes, además de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Al mismo tiempo, la institución recordó que las personas detenidas mantienen los derechos que les reconoce la ley y que serán las autoridades judiciales quienes determinen su responsabilidad conforme avance el procedimiento penal.
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