Han pasado casi 25 años desde los atentados del 11 de septiembre y Khalid Sheikh Mohammed todavía no ha enfrentado un juicio. Aunque un juez militar de Estados Unidos fijó una nueva fecha para 2028, el proceso continúa rodeado de obstáculos que podrían impedir que llegue a esa instancia.
El caso permanece atado a uno de los capítulos más controvertidos de la llamada guerra contra el terrorismo: las torturas que sufrió Mohammed bajo custodia de la CIA y las consecuencias legales que esas prácticas dejaron en el proceso.
El juicio de Khalid Sheikh Mohammed vuelve a quedar en duda
El juez militar que lleva el caso estableció el 5 de junio de 2028 como fecha para el juicio de Mohammed y otros tres acusados por los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, algunos abogados consideran que incluso ese plazo podría no cumplirse.
La razón está en la enorme cantidad de cuestiones legales que surgieron después de su captura en Pakistán, en 2003. Durante los años posteriores, Mohammed permaneció en prisiones secretas y fue sometido a técnicas de interrogatorio de la CIA que posteriormente generaron un complejo debate sobre la validez de las pruebas.
A finales de agosto, el juez dio otro golpe a la fiscalía al determinar que no podía utilizar una supuesta confesión de Mohammed realizada ante agentes del FBI en 2007.
Las declaraciones fueron consideradas contaminadas por el trato que recibió previamente, incluido el waterboarding, una técnica de ahogamiento simulado utilizada durante sus interrogatorios.
El gobierno estadounidense decidió no apelar el fallo, entre otras razones porque hacerlo podía provocar todavía más retrasos en un proceso que lleva décadas sin resolverse.
De una captura en 2003 a Guantánamo
Mohammed fue capturado en Pakistán en 2003 y Estados Unidos lo acusa de haber planeado y dirigido los atentados del 11 de septiembre como integrante de Al Qaeda.
Después de permanecer más de tres años en instalaciones secretas fuera de Estados Unidos, fue trasladado el 5 de septiembre de 2006 al centro de detención de Guantánamo, en Cuba, donde continúa encarcelado.
Un informe del Senado estadounidense documentó posteriormente la tortura que sufrió mientras estuvo bajo custodia de la CIA. El documento señaló que fue sometido a 183 sesiones de waterboarding.
Ese historial se convirtió en uno de los principales problemas para la acusación, debido a las dudas sobre qué declaraciones y evidencias pueden ser utilizadas legalmente durante el juicio.
Las familias del 11-S llevan décadas esperando justicia
Para los familiares de las víctimas, la demora tiene una dimensión que va mucho más allá de los procedimientos judiciales.
Terry Strada, cuyo esposo Tom murió en el World Trade Center, señaló que ella y otras familias todavía esperan que el proceso llegue finalmente a una resolución.
“Queremos ver que esto llegue a su fin en algún momento”, expresó Strada, quien encabeza el grupo 9/11 Families United.
Sin embargo, su postura también muestra una de las divisiones más difíciles del caso. Strada afirmó que preferiría que Mohammed permaneciera encarcelado de manera indefinida en Guantánamo antes que aceptar un acuerdo que eliminara la posibilidad de una pena de muerte.
Para algunas familias, esa condena sigue siendo parte fundamental de lo que consideran justicia por los atentados.
El acuerdo que pudo cambiar el destino del acusado
El proceso estuvo cerca de tomar otro rumbo en 2024, cuando se anunció un acuerdo de culpabilidad que habría mantenido a Mohammed en prisión de por vida, pero a cambio de evitar la posibilidad de una ejecución.
El acuerdo comenzó a desmoronarse poco después de hacerse público y finalmente fue descartado de manera definitiva el año siguiente.
Con ello, el caso regresó al complicado camino del tribunal militar y dejó nuevamente sobre la mesa la posibilidad de una sentencia de muerte.
Nueva York estuvo cerca de convertirse en el escenario del juicio
No es la primera vez que Estados Unidos intenta encontrar una salida al caso.
En 2009, durante el gobierno de Barack Obama, la administración federal planteó llevar a Mohammed y a otros acusados a un tribunal civil en Manhattan, a pocas cuadras del lugar donde se encontraban las Torres Gemelas.
El entonces fiscal general Eric Holder respaldó la idea, mientras Obama había prometido cerrar Guantánamo y defendía que Mohammed enfrentara un proceso judicial bajo los estándares más exigentes.
La propuesta, sin embargo, provocó una fuerte reacción política y social.
Algunos críticos advertían que el acusado podría utilizar el juicio como plataforma para difundir mensajes contra Estados Unidos y sus aliados. Otros argumentaban que trasladar el proceso a Nueva York podía convertir nuevamente a la ciudad en un objetivo terrorista.
El entonces alcalde republicano Rudy Giuliani también cuestionó la decisión y calificó el plan de imprudente.
El proyecto terminó abandonándose y Mohammed permaneció en Guantánamo.
Ahora, casi dos décadas después de su traslado a la prisión militar, la fecha de 2028 representa un nuevo intento de llevar a juicio uno de los casos más trascendentales y prolongados de la justicia estadounidense.
Pero el historial del proceso deja abierta una pregunta que todavía no tiene respuesta: si los obstáculos legales derivados de su detención y tortura permitirán finalmente que el juicio por el 11-S ocurra.
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