La activista Kenya Cuevas denunció haber sido discriminada durante una audiencia relacionada con el caso de Paola Buenrostro, al asegurar que personal del Ministerio Público utilizó su nombre registral y se refirió a ella de una manera que, dijo, vulneró su identidad de género.
El reclamo ocurrió en medio de la detención de Arturo ‘N’, señalado como probable responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, un caso que se convirtió en un referente para la lucha por los derechos de las personas trans y que nuevamente generó tensión entre colectivos y autoridades capitalinas.
Kenya Cuevas acusa discriminación durante la audiencia
Al salir del juzgado, Kenya Cuevas expresó su molestia por el trato recibido desde su ingreso a las instalaciones. La activista sostuvo que, pese a los avances legales y a las recomendaciones de organismos de derechos humanos, el personal de la Fiscalía no respetó su identidad de género.
Cuevas señaló que los trabajadores del Ministerio Público utilizaron durante la audiencia su nombre registral, a pesar de que ella realizó legalmente un cambio de nombre. También recordó que durante años ha participado, junto con colectivos trans, en la exigencia de protocolos y políticas públicas para garantizar el reconocimiento de la identidad de género.
La activista cuestionó además la forma en que fue registrado el caso de Paola Buenrostro. Explicó que inicialmente el delito fue considerado como homicidio, aunque anteriormente había existido un diálogo con la propia Fiscalía para que se investigara como feminicidio, debido a que en ese momento todavía no existía el delito de transfeminicidio en el Código Penal de la Ciudad de México.
Un caso que volvió a poner a la Fiscalía bajo presión
Para Cuevas, la situación resulta especialmente grave porque la Fiscalía capitalina ya había sido señalada y había participado en procesos relacionados con el reconocimiento de los derechos de las personas trans.
La activista citó la Recomendación 02/2019, al señalar que establece la obligación de respetar la identidad de género. A su juicio, el problema demuestra que todavía existen deficiencias en la capacitación del personal encargado de atender estos casos.
El reclamo ocurrió apenas un día después de que Arturo ‘N’ fuera detenido por su probable responsabilidad en el caso de Paola Buenrostro, ocurrido en 2016. La captura representó un avance en una investigación que permaneció abierta durante años.
La Fiscalía responde y rechaza una práctica transfóbica
Ante las protestas y señalamientos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció que cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas no corresponde con los estándares de atención que exige a su personal.
La institución también aseguró que comprende la indignación acumulada durante casi una década y afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo con las víctimas y activistas.
Sin embargo, marcó una diferencia respecto a la acusación de transfobia institucional. La Fiscalía sostuvo que los señalamientos sobre el trato recibido durante la audiencia serán tomados con seriedad, pero negó que exista una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico.
La dependencia agregó que su personal tiene la instrucción de brindar atención respetuosa y digna, reconocer la identidad de género de las personas y actuar con perspectiva de género.
La protesta subió de tono afuera de la Fiscalía
La tensión aumentó después de una reunión entre Kenya Cuevas y la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde. De acuerdo con la activista, durante el encuentro se alcanzó un acuerdo para reclasificar el caso de Paola Buenrostro como transfeminicidio.
No obstante, las manifestantes denunciaron posteriormente que se impidió el reingreso a las instalaciones de la Policía de Investigación a las activistas Victoria Sámano, de Casa Lleca, y Kenya Cuevas.
El desacuerdo provocó nuevas protestas frente a la institución. Las activistas exigían, entre otras cosas, que se retirara el comunicado de la Fiscalía y que las autoridades firmaran la minuta de la reunión.
Videos difundidos en redes sociales muestran a elementos de la Policía de Investigación utilizando gas para dispersar a personas LGBT+ que participaban en la manifestación.
Victoria Sámano denunció además que fue golpeada durante el operativo y afirmó que resultó lesionada en uno de sus implantes mamarios. La activista aseguró que otras manifestantes también resultaron heridas y que acudirían a un hospital.
El conflicto ocurre mientras colectivos trans mantienen sus reclamos para que las autoridades reconozcan las particularidades de la violencia contra las mujeres trans y garanticen investigaciones con perspectiva de género.
De acuerdo con conteos realizados por activistas citados en el reporte, en lo que va de 2026 se han registrado 35 transfeminicidios en México. Los colectivos también cuestionan que las recientes propuestas legislativas sobre feminicidio no contemplen de manera suficiente a la comunidad trans.