Detienen a implicados por presunto secuestro simulado de alcaldesa de Tenancingo; investigan desfalco de 40 mdp

La investigación sobre el presunto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo dio un giro inesperado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que los hechos denunciados habrían sido una simulación planeada para solicitar un supuesto rescate y justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en recursos públicos.

Hasta el momento, tres personas fueron detenidas, otras dos permanecen prófugas y la alcaldesa Nancy Nápoles enfrentará una audiencia de formulación de imputación. La investigación continúa y las autoridades mantienen abiertas otras líneas relacionadas con el posible manejo irregular de recursos municipales.

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La investigación sobre el presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

De acuerdo con la carpeta de investigación, Nancy Nápoles denunció que el pasado 31 de mayo fue privada de la libertad por un grupo de personas armadas cuando se encontraba cerca de su domicilio.

Según su declaración inicial, durante el supuesto secuestro le exigieron contactar a sus familiares para solicitar un rescate de 40 millones de pesos y evitar cualquier intento de búsqueda por parte de las autoridades.

Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, la Fiscalía encontró elementos que, a su consideración, contradicen esa versión.

Los indicios que cambiaron el rumbo del caso

Las autoridades analizaron registros telefónicos, videograbaciones y diversas entrevistas ministeriales.

Entre los principales hallazgos, la FGJEM informó que el teléfono utilizado durante los hechos registró desplazamientos hacia la Ciudad de México y posteriormente al estado de Oaxaca.

Además, cámaras de videovigilancia captaron el vehículo presuntamente utilizado durante la movilización. De acuerdo con la Fiscalía, las imágenes no muestran actos de violencia o sometimiento, sino que la alcaldesa abordó otra unidad sin evidencias visibles de resistencia.

Las investigaciones también permitieron identificar a Karla Valeria 'N', Christian 'N' y Víctor Manuel 'N', quienes fueron detenidos en Oaxaca con apoyo de autoridades estatales.

El presunto objetivo: justificar un faltante de recursos

Uno de los testimonios recabados por la Fiscalía señala que el supuesto plan consistía en exigir un rescate de 40 millones de pesos que saldría del Ayuntamiento para justificar un presunto desfalco por ese mismo monto.

De acuerdo con la autoridad ministerial, Nancy Nápoles habría participado presuntamente en la planeación y ejecución de la simulación, hipótesis que forma parte de la investigación y que deberá acreditarse durante el proceso judicial.

Asimismo, la Fiscalía informó que José Roberto 'N', esposo de la alcaldesa, y Oscar 'N', su cuñado, cuentan con órdenes de aprehensión y permanecen prófugos.

Los errores que, según la Fiscalía, revelaron la simulación

Las investigaciones establecen que durante el recorrido la propia alcaldesa habría indicado la ruta para evitar cámaras de vigilancia y utilizó un teléfono celular para comunicarse con familiares, solicitando que no avisaran a la Policía.

La Fiscalía también documentó que, tras observar el despliegue de las corporaciones de seguridad, presuntamente pidió a sus acompañantes dejarla en un camino de terracería para posteriormente solicitar ayuda y sostener que había escapado de sus captores.

¿Qué delitos podrían enfrentar los involucrados?

La FGJEM ejerció acción penal por el probable delito de simulación de secuestro, ilícito que puede alcanzar penas de hasta 16 años de prisión, de acuerdo con la autoridad.

Además, Karla Valeria 'N' y Víctor Manuel 'N' también son investigados por el presunto delito de extorsión, mientras que el posible faltante de recursos públicos fue turnado a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para las investigaciones correspondientes.

La audiencia de formulación de imputación contra la presidenta municipal quedó programada para el 9 de julio, fecha en la que el Ministerio Público presentará formalmente los datos de prueba. Como en todo proceso penal, las personas investigadas conservan la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante una sentencia firme.