Yndira Sandoval advierte: “se siguen colando” agresores a cargos públicos en Tlaxcala

Ley 3 de 3 en Tlaxcala busca cerrar espacios a agresores

Durante su participación en la presentación del libro “Violencia digital en razón de género. Sentencias frente a su impacto político”, Sandoval Sánchez sostuvo que los mecanismos existentes todavía presentan grietas que pueden ser aprovechadas por agresores, acosadores y deudores de pensión alimenticia.

La activista adelantó que retomará la propuesta que presentó ante el Congreso local en abril del año pasado. Su intención es que el tema pueda incorporarse a la agenda del segundo periodo ordinario de sesiones y avanzar hacia la aplicación de estas disposiciones en los 60 municipios.

El planteamiento busca que las reglas no se queden únicamente en el ámbito constitucional, sino que tengan una aplicación efectiva en las administraciones municipales y en los procesos relacionados con cargos de elección popular.

“Ningún agresor en el poder”

Sandoval Sánchez insistió en que el acceso de las mujeres a espacios de poder no debe tener como costo la violencia política y resumió su postura bajo una premisa: “por justicia y dignidad humana, ningún agresor en el poder”.

La defensora cuestionó que, aun con la reforma constitucional, continúen presentándose casos en los que personas que deberían estar impedidas para ocupar determinados cargos logran sortear las restricciones.

“Aunque ya la 3 de 3 está en la Constitución, se nos siguen colando por las grietas los agresores, acosadores y deudores de pensión alimenticia”, señaló al advertir que Tlaxcala tampoco estaría fuera de esta problemática.

La iniciativa que busca impulsar plantea precisamente reforzar la armonización normativa para que los municipios cuenten con reglas claras y mecanismos que eviten interpretaciones o vacíos en la aplicación de la legislación.

El problema también alcanza a los deudores alimentarios

La discusión no se limita a la violencia política por razón de género. Uno de los componentes centrales de la llamada Ley 3 de 3 es impedir que personas con sentencia firme por determinados delitos relacionados con violencia de género o familiar, así como quienes sean deudores alimentarios morosos, puedan ocupar cargos públicos o competir por puestos de elección popular.

De acuerdo con los argumentos expuestos por Sandoval Sánchez, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias representa una problemática que afecta principalmente a mujeres que deben emprender largos procesos legales para conseguir que sus hijos reciban la pensión correspondiente.

La activista ha señalado que solo una parte de los menores que tienen derecho a una pensión alimenticia logra recibirla, situación que, desde su perspectiva, puede convertirse en una forma de violencia económica y escalar hacia otras expresiones de violencia contra las mujeres.

En ese contexto, la armonización de la legislación en los municipios tlaxcaltecas busca convertirse en un nuevo frente para hacer efectiva la prohibición de que personas con antecedentes que encuadren en las restricciones legales lleguen a posiciones de poder.

El tema adquiere especial relevancia ante la discusión política que se avecina y por el interés de organizaciones y defensoras de derechos de las mujeres en que las disposiciones constitucionales tengan una aplicación uniforme.

Ahora, la propuesta deberá volver a la agenda legislativa de Tlaxcala. El siguiente paso será conocer si el Congreso local retoma la iniciativa y qué modificaciones podrían plantearse para garantizar que la llamada 3 de 3 no encuentre obstáculos en su aplicación municipal.