Tlaxcala, Tlax.- La elección de Miguel Ángel Sastre Decasa como nuevo presidente de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, fue cuestionada por el gobierno estatal, luego de que pobladores reunidos en una asamblea determinaran la destitución de José Juan Cuautle Romano.
El vocero del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, puso en duda la validez de la reunión y señaló que quienes la convocaron no tendrían atribuciones legales para realizar una asamblea de ese tipo. Además, hizo una polémica referencia a que los participantes quizá habían consumido alcohol.
Cuestionan elección del nuevo presidente de Guadalupe Ixcotla
La designación de Sastre Decasa ocurrió durante una asamblea realizada el viernes 18 de septiembre, convocada por algunos integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla.
Martínez Velázquez sostuvo que la reunión carece de legitimidad jurídica, debido a que, de acuerdo con su interpretación de la Constitución, son las autoridades comunitarias quienes tienen la atribución para representar a la población y convocar a este tipo de ejercicios.
El gobierno estatal cuestiona la asamblea
Durante una rueda de prensa, el funcionario afirmó que la reunión no fue avalada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ni por otra instancia.
En ese contexto, hizo referencia a la posibilidad de que algunos asistentes hubieran ingerido bebidas alcohólicas. Posteriormente, dejó claro que el punto central de su postura era que la reunión no reunió las características necesarias para ser considerada una asamblea comunitaria con validez.
La postura del gobierno estatal ocurre después de que José Juan Cuautle Romano fuera ratificado en su cargo mediante una resolución de un tribunal federal, según lo expuesto por el propio vocero.
Una disputa que va más allá del cambio de presidente
Martínez Velázquez relacionó el conflicto con dos proyectos de infraestructura que han generado posiciones encontradas en la comunidad: la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y una unidad médica del IMSS.
De acuerdo con el funcionario, en asambleas de Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe se habría respaldado el proyecto, por lo que consideró que las acciones recientes buscan debilitar el resultado de esas reuniones comunitarias.
El conflicto tiene así dos dimensiones: por un lado, la disputa sobre quién debe representar a Guadalupe Ixcotla y, por otro, el desacuerdo sobre el uso de terrenos destinados a actividades deportivas frente a la posibilidad de destinarlos a infraestructura social.
Piden no gastar recursos en la disputa
Ante los pobladores que rechazan los proyectos, el vocero estatal pidió valorar las consecuencias de mantener el conflicto y sostuvo que algunos inconformes estarían recibiendo asesoría que, desde su perspectiva, no les favorece.
También los llamó a considerar el futuro de la comunidad antes de destinar recursos a acciones legales o administrativas relacionadas con la controversia.
La situación deja pendiente la definición sobre la representación comunitaria y mantiene abierto el debate en Guadalupe Ixcotla respecto al uso de los terrenos y a los proyectos de infraestructura respaldados por otros sectores de la población.
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