Tlaxcala va contra el alquiler de vientres: proponen cárcel y multas severas

La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de este martes y plantea reformas tanto al Código Penal, como al Código Civil y a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora dejó claro que su postura va más allá de un debate técnico sobre reproducción asistida. Para ella, el punto central está en proteger la dignidad humana, evitar que el cuerpo de las mujeres sea tratado como mercancía y cerrar cualquier puerta a prácticas que vulneren sus derechos. En ese sentido, su iniciativa también busca que este tipo de procedimientos sean considerados como una forma de violencia contra los derechos reproductivos y contra la dignidad humana.

La propuesta contempla prisión, multas y sanciones por procedimientos irregulares

Uno de los puntos que más llamó la atención es que la iniciativa propone penas de 4 a 7 años de prisión, además de multas de 288 a 504 días de salario, para quienes participen en procedimientos de gestación subrogada realizados en condiciones irregulares.

De acuerdo con lo expuesto, las sanciones aplicarían en casos como:

• Implantar en una mujer un óvulo fecundado con material genético de donantes no autorizados
• Realizar el procedimiento sin consentimiento expreso de la mujer gestante o del donante
• Llevarlo a cabo cuando exista consentimiento de menores de edad o de personas incapaces de comprender el acto

Además, la propuesta define esta práctica como el procedimiento mediante el cual una mujer gesta un embrión para terceras personas contratantes, con el compromiso de dar a luz y después renunciar a sus derechos de filiación. Para la diputada, esto abre la puerta a una dinámica que puede normalizar la mercantilización del cuerpo femenino.

Reabren el debate en Tlaxcala por un tema que sigue dividiendo opiniones

Flores Lozano también advirtió que la llamada industria internacional del alquiler de vientres ha buscado posicionarse como una opción de “libre elección”, cuando en muchos casos, dijo, las mujeres gestantes provienen de contextos de pobreza y vulnerabilidad económica. Ese fue uno de los argumentos más fuertes para insistir en que el tema debe analizarse desde una óptica de derechos y no sólo de contratos privados.

La legisladora citó datos de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, según los cuales en México alrededor de 5 mil niñas y niños serían comercializados cada año mediante esquemas de gestación subrogada. También señaló que este negocio suele estar reservado para personas con alto poder adquisitivo, ya que los contratos pueden ir de 150 mil a 270 mil pesos, sin contar gastos médicos, tratamientos hormonales, hospitalización y honorarios legales.

La iniciativa retoma una propuesta impulsada en la pasada LXIV Legislatura por Juan Manuel Cambrón Soria, con la intención de volver a colocar el tema en la agenda pública de Tlaxcala. Todo apunta a que esta discusión apenas comienza y podría convertirse en uno de los debates legislativos más intensos del año en el estado.