Tlaxcala 2027: Alfonso Sánchez concentra la mayoría de denuncias ante el ITE

De acuerdo con los expedientes promovidos por partidos y ciudadanos, más de la mitad de las quejas tienen relación con presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y posible posicionamiento político antes del arranque formal del proceso electoral. En pocas palabras, el señalamiento central es que el presidente municipal de Tlaxcala habría utilizado su exposición pública para fortalecer su imagen rumbo a la eventual definición de la candidatura de Morena al gobierno estatal.

Este dato no es menor, porque desde ahora deja ver que la contienda por la sucesión estatal ya comenzó en el terreno legal y mediático, aun cuando oficialmente todavía no arranca el proceso electoral.

Partidos, funcionarios y figuras de Morena también aparecen en las denuncias

Las denuncias han sido impulsadas principalmente por PRD, PVEM, PRI y también por ciudadanos, quienes sostienen que hubo eventos, difusión de imagen y acciones que podrían interpretarse como promoción política fuera de los tiempos permitidos por la ley.

Uno de los recursos más relevantes fue promovido por el PRD y no solo involucra a Alfonso Sánchez, sino también a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a Haide Gisela Lucero Zepeda, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, por presuntos actos de concentración y respaldo político.

Además, el PVEM presentó al menos una denuncia que también alcanza a José Alonso Trujillo Domínguez y a Marcela González Castillo, esta última en su calidad de presidenta estatal de Morena y esposa del alcalde capitalino. El señalamiento incluye presunta promoción anticipada, promoción personalizada y posible uso indebido de recursos públicos.

En esta misma lista también aparece la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien acumula al menos cuatro denuncias, así como la propia gobernadora Lorena Cuéllar, con un número similar de quejas. También fueron señalados Homero Meneses, Francisco Hernández López, además de los diputados locales Aurora Villeda Temoltzin y Vicente Morales Pérez.

Qué dice la ley y qué podría pasar si el ITE acredita las faltas

La legislación electoral, tanto federal como local, establece con claridad que los servidores públicos deben actuar con imparcialidad y no utilizar recursos públicos para influir en la competencia electoral. También prohíbe la promoción personalizada mediante propaganda gubernamental y sanciona cualquier intento de posicionar aspiraciones antes de los tiempos oficiales.

En este contexto, los llamados actos anticipados de campaña o precampaña pueden incluir mensajes, eventos públicos, propaganda o difusión de imagen con fines político-electorales antes del arranque legal del proceso.

Si el ITE determina que sí existieron irregularidades, las consecuencias pueden ir desde amonestaciones públicas y multas económicas hasta restricciones más severas para participar en futuros procesos electorales, dependiendo de la gravedad de cada caso y de la responsabilidad que logre acreditarse.

Por ahora, lo que ya quedó claro es que Tlaxcala entró de lleno a una etapa de alta tensión política, donde las denuncias ya están marcando el ritmo de una sucesión que todavía no comienza oficialmente, pero que en los hechos ya está en marcha.