Tlaxcala, Tlax.- En un firme llamado al Gobierno del Estado de Tlaxcala, diversas voces se han pronunciado para exigir que se reconozcan y sancionen las expresiones de violencia política en razón de género presuntamente ejercidas por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, en contra de la diputada Miriam Martínez Sánchez.
De acuerdo con la denuncia pública, presentada por el colectivo Mujeres en Consenso, las actitudes del funcionario tuvieron como propósito desacreditar y minimizar a la legisladora en el pleno ejercicio de su cargo, lo que contraviene los principios de equidad y respeto institucional.
El reclamo subraya que estas conductas no pueden pasar desapercibidas, pues tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de la legislación local, obligan a las autoridades a prevenir, atender y castigar este tipo de agresiones.
Quienes promueven este exhorto advierten que la perspectiva de género en la administración estatal no debe quedar en un discurso vacío, sino que exige acciones concretas, como la formación obligatoria de los funcionarios y la erradicación definitiva de las prácticas patriarcales al interior del gobierno.
A través del pronunciamiento, se hizo un llamado directo a la congruencia institucional, enfatizando que si Tlaxcala aspira a consolidarse como un referente de paridad y democracia, es indispensable garantizar un entorno seguro.
La exigencia se hizo extensiva a todas las mujeres que ocupan cargos de decisión, pidiéndoles actuar con sororidad para romper los pactos de impunidad y asegurar que ninguna funcionaria vuelva a ser blanco de comentarios misóginos, burlas o infantilización por parte de los integrantes del gabinete legal y ampliado.
Finalmente, el comunicado lanzó una dura crítica hacia la preparación y el actuar del secretario Marroquín Calderón.
Se señaló de manera irónica que los dichos del funcionario evidencian una falta de lectura y conocimiento de normativas básicas, sugiriendo que, si conociera el Código de Ética de la Administración Pública Estatal, habría evitado expresarse de forma descalificatoria.
El documento fue dirigido a diversas dependencias del gobierno estatal y notificado a la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, para su conocimiento y eventual seguimiento.
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