SSC niega llamadas de extorsión desde Ceresos de Tlaxcala y responde a denuncias

Ceresos de Tlaxcala, bajo monitoreo por llamadas de extorsión

Perea Marrufo afirmó que no existen privilegios para ninguna persona dentro de los Ceresos y sostuvo que, hasta el momento, las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana no han identificado llamadas de extorsión originadas desde los penales estatales.

Explicó que cuando la ciudadanía denuncia un número telefónico relacionado con una posible extorsión, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia.

El secretario aseguró que los teléfonos reportados no han sido vinculados con los Ceresos de Tlaxcala. Añadió que los inhibidores de señal se encuentran funcionando y que existen revisiones tanto ordinarias como extraordinarias.

La mayoría de los números investigados apunta a otros estados

De acuerdo con el funcionario, algunos de los números relacionados con denuncias ciudadanas sí han sido identificados como procedentes de centros penitenciarios, pero de otras entidades del país.

Mencionó principalmente a Ciudad de México, Tamaulipas y Estado de México como los lugares desde donde se han detectado casos recurrentes.

En los penales de Tlaxcala, agregó, las personas privadas de la libertad tienen acceso a teléfonos públicos mediante tarjetas autorizadas. Este mecanismo, dijo, también permite a las autoridades verificar que no estén utilizando celulares dentro de las instalaciones.

Piden denunciar cualquier irregularidad dentro de los penales

El titular de la SSC sostuvo que la dependencia está abierta a recibir denuncias contra custodios, elementos de la Policía Procesal o directores de los centros penitenciarios.

Las quejas pueden estar relacionadas con cobro de favores, privilegios u otras conductas fuera de la norma. Perea Marrufo señaló que cada señalamiento debe ser investigado para determinar si existe alguna responsabilidad.

La postura del funcionario ocurre mientras familiares de personas privadas de la libertad y abogados han cuestionado algunas decisiones tomadas por el actual director del Cereso de Tlaxcala, Iván Sánchez de la Torre.

SSC atribuye molestia a cambios en el Cereso

Perea Marrufo sostuvo que parte del descontento hacia el actual director estaría relacionado con las restricciones que ha impuesto a prácticas que anteriormente, según su versión, eran permitidas.

También mencionó al anterior titular del penal, Juan Antonio Martínez Guerrero, de quien dijo que continúa prófugo y que mantenía una postura más condescendiente frente a determinadas situaciones.

El secretario afirmó que Sánchez de la Torre ha limitado prácticas que no estaban contempladas dentro de la normativa penitenciaria y que antes no generaban el mismo nivel de cuestionamientos.

También detectan celulares y droga en alimentos

Otro de los puntos señalados por Perea Marrufo fue el ingreso de alimentos para las personas privadas de la libertad.

Explicó que se han realizado inspecciones a los productos que llevan los familiares y que en algunos casos se han encontrado teléfonos celulares y droga ocultos en postres.

El funcionario también descartó que se haya registrado un brote de sarampión al interior del Cereso.

En cuanto a la comida que reciben las personas privadas de la libertad, reconoció que existen restricciones sobre las cantidades que pueden ingresar o conservar, debido a que no cuentan con refrigeradores personales. Esta situación, indicó, ha provocado algunos casos de malestar estomacal por el consumo de productos que llegan a descomponerse.

Perea Marrufo promete revisar las denuncias

Sobre los señalamientos contra el director del Cereso, el titular de la SSC sostuvo que no habrá sanciones si su actuación se mantiene dentro de la normativa.

Sin embargo, afirmó que revisará específicamente la denuncia relacionada con un supuesto impedimento para permitir el acceso de adultos mayores.

La postura de la dependencia, resumió, será buscar un equilibrio entre el cumplimiento de las reglas penitenciarias y la atención de las inconformidades de familiares y personas privadas de la libertad, sin encubrir posibles irregularidades.