Senado impulsa cambios clave en Tlaxcala para fortalecer justicia y derechos humanos

Este llamado no es menor. Actualmente, existen diferencias importantes entre las legislaciones de los estados, lo que provoca que un mismo delito pueda ser interpretado y sancionado de manera distinta dependiendo del lugar donde ocurra. Para el Senado, esta situación debilita el sistema de justicia y genera condiciones que pueden favorecer la falta de sanción.

“La armonización legal es clave para garantizar que todas las personas reciban el mismo trato ante la ley”, se desprende del posicionamiento del órgano legislativo.

Urge homologar criterios en todo el país

De acuerdo con el reporte, Tlaxcala figura entre las entidades que aún deben revisar y actualizar su marco legal, incluyendo su Código Penal y leyes secundarias. El objetivo es que las conductas relacionadas con tortura y tratos crueles sean investigadas bajo criterios claros, uniformes y alineados a la norma federal.

El Senado ha sido enfático en señalar que la dispersión normativa genera una justicia fragmentada. Es decir, cuando cada estado define por su cuenta qué constituye tortura, se corre el riesgo de tener procesos inconsistentes y poco efectivos.

Un antecedente importante ocurrió en 2024, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó normas locales que no cumplían con la Ley General, como sucedió en San Luis Potosí. Esta decisión dejó claro que la facultad de legislar en esta materia corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, marcando un precedente obligatorio para todos los estados.

Reconocimiento de nuevas formas y seguimiento legislativo

Otro punto clave del exhorto es que se reconozcan de manera explícita todas las modalidades de tortura, incluyendo aquellas que han sido documentadas por organismos de derechos humanos. El Senado propone que estas prácticas sean tipificadas con mayor precisión y sancionadas conforme a su gravedad.

Además, se solicitó a los congresos estatales, incluido el de Tlaxcala, informar sobre los avances en la armonización de sus leyes. La finalidad es construir un sistema jurídico más sólido, donde no existan vacíos que permitan interpretaciones discrecionales o evasión de responsabilidades.

En pocas palabras, lo que se busca es avanzar hacia un modelo de justicia más claro, uniforme y efectivo, donde todas las entidades del país operen bajo las mismas reglas y estándares.