Tlaxcala, Tlax.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que diversos artículos de las Leyes de Ingresos 2025 de los municipios de Apetatitlán, Teolocholco, Contla, Santa Ana Nopalucan y Tepeyanco son inconstitucionales, tras la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El tribunal señaló que los preceptos cuestionados vulneran principios constitucionales como la seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria, además de invadir competencias exclusivas de la Federación.
Temas centrales de la demanda de la CNDH
La CNDH se centró en tres aspectos principales:
- Multas por juegos y sorteos: los municipios invadieron competencias federales al sancionar la organización de estos eventos.
- Cobros por servicios públicos: tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado definidas con criterios ambiguos.
- Redacción de sanciones administrativas: normas vagas que permiten discrecionalidad y afectan la libertad de expresión.
Multas y sanciones ambiguas en Apetatitlán y Teolocholco
La SCJN determinó que las multas por conductas como “causar escándalo con música estridente” o “faltas a la moral” son demasiado amplias y subjetivas, lo que puede permitir arbitrariedad en su aplicación y limitar manifestaciones culturales o artísticas.
Además, se recordó que la Constitución otorga al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para legislar sobre juegos y sorteos, por lo que los municipios no pueden imponer sanciones en este ámbito.
Tarifas de agua y drenaje en Contla, Santa Ana Nopalucan y Tepeyanco
Las tarifas municipales basadas en categorías vagas como “pequeño, mediano, grande” o “uso especial” no definen parámetros objetivos, lo que impide a los ciudadanos conocer con certeza sus pagos y permite discrecionalidad en su aplicación.
La Corte consideró que esta práctica viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31 constitucional.
Efectos de la sentencia
La sentencia surtirá efecto a partir de la notificación al Congreso de Tlaxcala, obligando a los municipios a modificar sus leyes de ingresos y garantizar el respeto a los derechos y principios constitucionales.