Tlaxcala, Tlax.- La SCJN alista una posible invalidación de un cobro incluido en la Ley de Ingresos 2026 de San Damián Texóloc, al considerar que el municipio habría rebasado sus facultades al establecer licencias para instalaciones relacionadas con el traslado, almacenamiento y distribución de gas natural y otros hidrocarburos.
El proyecto será discutido por el pleno el próximo 22 de septiembre y fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, dentro de la controversia constitucional 20/2026 promovida por el Poder Ejecutivo Federal.
SCJN analiza cobros de Texóloc por instalaciones de hidrocarburos
La propuesta plantea declarar fundada la impugnación federal e invalidar el primer párrafo del artículo 27 de la legislación hacendaria municipal, disposición aprobada por el Congreso local y publicada el 14 de noviembre de 2025.
La norma estableció que las personas físicas o morales responsables de instalaciones subterráneas o tuberías utilizadas para trasladar, almacenar o distribuir gas natural y otros hidrocarburos debían obtener una licencia municipal de funcionamiento.
El cobro establecido por el municipio
De acuerdo con el contenido impugnado, el pago fue fijado en 2.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por metro lineal, cuadrado o cúbico, dependiendo del caso.
Además, se contempló un cobro de 20 UMA por cada registro de instalación subterránea.
El punto central del proyecto no es únicamente la existencia de una licencia municipal, sino la materia sobre la cual se estableció el cobro. La propuesta sostiene que Texóloc vinculó directamente la regulación con actividades relacionadas con los hidrocarburos, cuya regulación técnica y económica corresponde a la Federación.
La disputa por las facultades municipales
El proyecto reconoce que los municipios cuentan con atribuciones para intervenir en asuntos como construcción, uso de suelo, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y protección civil.
Sin embargo, establece que esas facultades no permiten regular o gravar de manera específica actividades que se encuentran bajo jurisdicción federal.
En ese sentido, la propuesta considera que la disposición municipal no se limitó a aspectos urbanísticos o de protección civil, sino que estableció requisitos y cobros relacionados directamente con el traslado, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
La controversia llegó desde el Ejecutivo Federal
La controversia constitucional fue promovida el 16 de enero de 2026 por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra los poderes Legislativo y Ejecutivo de Tlaxcala.
Entre los argumentos presentados por la Federación también se señaló que el cobro podía generar una situación de doble tributación, debido a que las actividades involucradas ya se encuentran sujetas a un régimen fiscal federal.
La parte promovente planteó además otros conceptos de invalidez, aunque el proyecto de resolución señala que, una vez acreditada la invasión de competencias federales, ya no sería necesario analizar el resto de los argumentos.
La decisión está prevista para el 22 de septiembre
El pleno de la Suprema Corte tiene previsto discutir el proyecto el 22 de septiembre, por lo que la situación jurídica de esta disposición dependerá de la deliberación y votación de las ministras y ministros.
La propuesta, en caso de ser aprobada, dejaría sin efecto el párrafo cuestionado de la Ley de Ingresos 2026 de Texóloc al considerar que el municipio intervino en una materia reservada a la Federación.
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