Tlaxcala, Tlax.- A pesar de tres sentencias firmes, dos acuerdos plenarios de incumplimiento y diversas medidas de apremio, la alcaldesa de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, continúa incurriendo en desacato institucional al negarse a asignar personal administrativo a la Segunda Sección de Comunidad, encabezada por Alejandro Flores Xelhuantzi.
Juicio ciudadano y primera resolución del tribunal
Desde octubre de 2024, el presidente de comunidad promovió el juicio ciudadano TET-JDC-375/2024, debido a que el ayuntamiento omitía dotarlo de personal y pagarle su remuneración completa.
El 28 de febrero de 2025, el Tribunal Electoral de Tlaxcala declaró fundado el reclamo y ordenó asignar al menos dos auxiliares administrativos a dicha comunidad.
Desacato abierto y sanciones iniciales
El 7 de abril, ante el incumplimiento del ayuntamiento, el tribunal emitió un acuerdo plenario de incumplimiento, imponiendo una amonestación pública a la presidenta municipal y al tesorero Luis Giovanni García Álvarez, por violar el artículo 74 de la Ley de Medios de Impugnación de Tlaxcala. Se les exigió cumplir en un plazo de tres días hábiles.
Simulación de cumplimiento: una estrategia dolosa
El 20 de junio, el pleno del tribunal volvió a documentar la falta de cumplimiento. En respuesta, el ayuntamiento simuló asignar personal, pero con cargo al presupuesto de la comunidad, lo que fue calificado por el actor como una "estratagema dolosa para engañar al tribunal".
El 25 de junio, en sesión de cabildo, se ejecutó esta acción irregular. Por ello, el tribunal impuso multas de 100 y 50 UMA’s (11 mil 314 y 5 mil 657 pesos, respectivamente) a la presidenta y al tesorero.
Violación constitucional y nulo avance judicial
Hasta el 21 de julio, no existe cumplimiento real ni formal de la sentencia. Esto representa una violación a los derechos político-electorales del actor y podría derivar en sanciones más severas, incluso de índole penal o administrativa.
La Sala Regional del TEPJF confirmó que el Tribunal Electoral de Tlaxcala tiene plena autoridad para exigir el cumplimiento inmediato de sus resoluciones, conforme a la jurisprudencia 24/2001.
Impacto democrático y simulación presupuestal
El presidente de comunidad denunció que la actuación de Roldán Xolocotzi es "contumaz, dolosa y engañosa", afectando no solo a él, sino a la comunidad entera. La maniobra presupuestal es particularmente grave, pues viola el artículo 17 constitucional, al impedir justicia pronta y expedita, y el artículo 128, que obliga a los funcionarios a obedecer la Constitución.
Riesgo de precedente y debilitamiento institucional
El tribunal ha advertido que permitir estas simulaciones abre la puerta a que cualquier ayuntamiento manipule su presupuesto para eludir resoluciones firmes. Se trata de una vulneración directa a la legalidad y a la autonomía presupuestal de las comunidades.
Exigen nuevas medidas y vinculación del cabildo
Flores Xelhuantzi solicitó que se impongan medidas de apremio más severas y se vincule al cabildo completo al cumplimiento de la sentencia. Hasta ahora, no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la alcaldesa ni del tesorero, lo que refleja una estrategia de silencio institucional frente a una crisis de legalidad.
“No peleo por dos plazas. Peleo por el derecho a ejercer mi cargo con dignidad y legalidad. Quienes juran respetar la ley no pueden ser los primeros en violarla”, concluyó.