Tlaxcala, Tlax.,- La disputa política y legal en el municipio de Totolac se ha intensificado luego de que Patricia Hernández Lima, presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, denunciara públicamente al alcalde Benjamín Atonal Conde por presunta violencia política de género y vulneración de sus derechos electorales, tras ser separada de su cargo.
Sin embargo, documentos judiciales apuntan a que el acto corresponde a una medida cautelar derivada de una investigación y no a una destitución definitiva.
Durante una conferencia de prensa celebrada este 14 de septiembre, Hernández Lima relató que el pasado viernes 11 el presidente municipal tomó protesta a su suplente, Noemí “N”, argumentando la existencia de un procedimiento administrativo en su contra.
La funcionaria electa acusó que, con el despliegue de seis patrullas de la fuerza pública municipal, personal del Ayuntamiento rompió candados y violentó las cerraduras de la presidencia de comunidad para entregar las instalaciones, lo que calificó como un acto arbitrario que atropella la voluntad ciudadana que la eligió para el periodo constitucional 2024-2027.
El origen de este conflicto radica en las denuncias presentadas por dos ciudadanos de la localidad, quienes la acusan de un presunto desvío de recursos y exigieron una auditoría de su administración.
Al respecto, Hernández Lima rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que ha cumplido cabalmente con sus informes y la rendición de cuentas ante el Cabildo.
En su defensa, lanzó un reto público para que se revisen las pruebas y se demuestre la falsedad de las acusaciones, argumentando que una investigación administrativa no es fundamento legal para separarla del cargo de manera automática.
A pesar de la narrativa de la representante comunitaria, en la que acusa al Ayuntamiento de una destitución unilateral, el expediente del caso revela que su separación obedece a una suspensión temporal dictada estrictamente como medida cautelar.
De acuerdo con los resolutivos legales, el pasado 10 de septiembre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala le negó la suspensión definitiva que había solicitado mediante un amparo, situación jurídica que la funcionaria evitó profundizar durante su encuentro con los medios, generando críticas sobre la claridad de su estatus legal.
Mientras el proceso administrativo y la investigación financiera continúan abiertos, Hernández Lima ha solicitado la intervención del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)y del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), instancias ante las cuales promovió recursos para su defensa desde el pasado 31 de agosto.
Al asumirse como mujer indígena, exigió a las autoridades que el conflicto sea resuelto con perspectiva de género e interculturalidad y pidió garantías para evitar actos de hostigamiento contra ella o su familia.
Finalmente, advirtió que continuará defendiendo su representación por las vías institucionales para evitar que se siente un precedente negativo contra las autoridades surgidas del voto popular, concluyendo su intervención con la consigna de que "si tocan a una, nos tocan a todas".
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