Tlaxcala, Tlax.- La historia de Sandra N., una médica originaria de Tlaxcala, dio un giro inesperado luego de que un tribunal de Zacatecas determinara que no existen pruebas suficientes para responsabilizarla por secuestro agravado y ordenara su liberación inmediata.
Sin embargo, cuando parecía que recuperaría su libertad tras casi seis años privada de ella, sus familiares denunciaron que autoridades ministeriales presentaron una nueva imputación en su contra, sin precisar públicamente el delito que se le atribuye.
Tribunal de Zacatecas concluye que no había pruebas suficientes contra Sandra N.
El pasado viernes, el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Zacatecas resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas eran insuficientes para demostrar la responsabilidad de Sandra N. en un caso de secuestro ocurrido presuntamente en el municipio de Trancoso.
La mujer permanecía recluida desde septiembre de 2020 en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas. Durante el proceso, la fiscalía había solicitado una condena de hasta 90 años de prisión.
De acuerdo con el fallo judicial, las evidencias presentadas fueron perdiendo valor durante el juicio debido a diversas irregularidades detectadas en su obtención y presentación.
Las pruebas fueron cuestionadas durante el juicio
Entre los elementos analizados por el tribunal se encuentra un teléfono celular que supuestamente habría sido utilizado para realizar llamadas de extorsión.
No obstante, durante el proceso se estableció que el dispositivo carecía de elementos básicos de identificación, como un número telefónico o una cuenta de correo electrónico asociada. Además, información proporcionada por autoridades ministeriales de Tlaxcala no contaba con respaldo documental suficiente.
Ante estas circunstancias, los juzgadores concluyeron que no existían elementos capaces de destruir la presunción de inocencia de la acusada.
El fallo también cita criterios de la Suprema Corte
La resolución retomó criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con el llamado "efecto corruptor" de las pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos fundamentales.
Según esos criterios, cuando una prueba se obtiene de manera ilegal, también pueden quedar invalidadas las actuaciones derivadas de ella.
Asimismo, la sentencia se apoyó en diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, entre ellos la Convención Belém do Pará.
Cuando parecía que recuperaría la libertad ocurrió otro giro
Familiares de Sandra N. denunciaron que, prácticamente de manera simultánea a la resolución absolutoria, autoridades ministeriales ejecutaron una nueva orden de aprehensión.
Hasta ahora no se han dado a conocer públicamente los detalles de la nueva imputación, situación que ha generado preocupación entre sus allegados y organizaciones que han acompañado el caso.
Para los familiares, esta actuación busca impedir que la médica pueda recuperar su libertad pese a la determinación emitida por el tribunal.
El caso que ha sido acompañado por organismos de derechos humanos
Información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señala que Sandra N., de 39 años de edad y originaria de Tlaxcala, fue detenida el 25 de agosto de 2020.
Según la documentación del caso, la captura habría ocurrido sin que se mostrara una orden judicial y por personas vestidas de civil que posteriormente fueron identificadas como integrantes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Denuncias de tortura y tortura sexual
La defensa y organismos de derechos humanos sostienen que durante su detención Sandra N. fue sometida a diversos actos de violencia.
De acuerdo con los señalamientos, fue obligada a permanecer retenida por agentes ministeriales, amenazada, golpeada y trasladada sin conocer su destino. Posteriormente habría sido víctima de actos de tortura y tortura sexual, hechos que forman parte de las denuncias presentadas ante distintas instancias.
Estos señalamientos fueron considerados dentro del contexto analizado durante el proceso judicial y forman parte de las presuntas violaciones a derechos humanos documentadas a lo largo del caso.
Mientras la nueva imputación no sea aclarada por las autoridades, la situación jurídica de Sandra N. permanece abierta, pese a que un tribunal ya determinó que las pruebas utilizadas en el proceso por secuestro agravado no eran suficientes para sostener una condena.
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