Miriam Martínez denuncia ante el ITE a Javier Marroquín por presunta violencia política

La queja contra Javier Marroquín llegó al ITE

La denuncia fue presentada el 23 de septiembre ante la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE, mediante un procedimiento especial sancionador. De acuerdo con la legisladora, las expresiones del secretario no se limitaron a cuestionar el contenido de su iniciativa, sino que también descalificaron su capacidad y desempeño como diputada.

El origen del conflicto se remonta al 7 de septiembre, cuando Marroquín respondió en una conferencia denominada “Diálogo Circular” a preguntas sobre la propuesta de Martínez Sánchez para establecer, entre otros requisitos, un periodo mínimo de residencia en Tlaxcala para quienes ocupen determinadas posiciones del gabinete.

Durante aquella intervención, el funcionario cuestionó la propuesta y realizó comentarios sobre la labor legislativa de la panista. Entre las expresiones citadas en la denuncia se encuentran señalamientos para que estudiara sus iniciativas y cuestionamientos sobre su desempeño como legisladora.

Qué argumenta la diputada en su denuncia

Martínez Sánchez sostiene que las declaraciones desplazaron la discusión sobre el contenido de su iniciativa hacia su capacidad personal, preparación profesional y autonomía como representante popular. En el documento presentado ante el ITE, atribuye los hechos a posibles modalidades verbal, simbólica y psicológica de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La legisladora argumenta que, si el objetivo era cuestionar técnicamente su propuesta, el funcionario pudo haber expuesto las razones por las que consideraba inconveniente el requisito planteado. En cambio, sostiene que las expresiones se enfocaron en su preparación y desempeño.

Desde su perspectiva, esto reproduce un estereotipo relacionado con la participación de las mujeres en la política y afecta su autonomía y legitimidad para ejercer el cargo. Estas son alegaciones planteadas por la diputada dentro de su queja, no una determinación de la autoridad electoral.

Qué pidió Miriam Martínez al órgano electoral

Además de solicitar que se admita la denuncia, la diputada pidió al ITE iniciar el procedimiento especial sancionador correspondiente y conceder las medidas cautelares que considera procedentes.

También solicitó diligencias para preservar las pruebas digitales y requerir la grabación íntegra del acto a la instancia pública señalada en la denuncia.

Entre las medidas de reparación que planteó se encuentra, en caso de que jurídicamente proceda y se acredite la responsabilidad, una disculpa pública, así como la publicación de un extracto de la resolución y capacitación especializada en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El caso todavía debe ser analizado por el ITE

La presentación de la queja no significa que la violencia política denunciada haya sido acreditada. El procedimiento deberá considerar los hechos, el contexto de las declaraciones y las pruebas aportadas antes de determinar si existe alguna infracción.

Reportes publicados después de la presentación de la denuncia señalan que el asunto quedó en manos del órgano electoral local para su análisis.

Por ahora, el conflicto que comenzó alrededor de una iniciativa sobre los requisitos para ocupar cargos en el gabinete estatal escaló a una controversia electoral en la que la autoridad correspondiente tendrá que determinar el alcance jurídico de las expresiones denunciadas.