Lorena Ruíz se desiste de su iniciativa para sancionar con cárcel a periodistas y funcionarios por difusión de información

A través de sus redes sociales, la legisladora compartió una imagen del oficio dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, presidida por el diputado Jaciel González Herrera. En el documento, Ruíz comunicó su decisión de retirar la propuesta del proceso legislativo.

En su publicación, la diputada argumentó:

“Con respecto a la controversia generada por la iniciativa que adiciona el artículo 187 BIS al Código Penal para el Estado libre y soberano de Tlaxcala, derivado de una revisión exhaustiva [...] se corrige que la misma no cuenta con el soporte de un marco normativo vigente que ampare todos sus contenidos”.

Ruíz enfatizó su respeto por la libertad de expresión garantizada en el artículo 6 de la Constitución Mexicana y expresó su intención de garantizar que su propuesta no avance en el Congreso estatal. También pidió que sus argumentos fueran considerados durante el proceso de dictaminación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El retiro de la iniciativa se dio en medio de un intenso rechazo de diversos sectores, incluyendo organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa. La propuesta fue criticada por su posible impacto en el ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública, al criminalizar la difusión de contenido relacionado con delitos.

Por su parte, el diputado Jaciel González Herrera, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), había declarado de manera contundente que no apoyaría la iniciativa planteada por Ruíz.

A pesar del desistimiento, un grupo de periodistas y activistas anunció que este martes llevarán a cabo una marcha en la capital del estado para manifestar su descontento hacia la propuesta original y exigir mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.

Con esta acción, la iniciativa queda oficialmente sin futuro legislativo, aunque deja abierta la reflexión sobre el equilibrio entre la protección de las víctimas y los derechos a la información y la libertad de expresión.