La Justicia social y ambiental es una obligación del Estado:CFJG

Una de ellas es el reconocimiento de la existencia de enfermedades ligadas a las condiciones ambientales así como el destino de recursos para atender el déficit infraestructural para la atención de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, leucemia, cardiovasculares y del sistema nervioso.

Asimismo, piden la creación de una Contraloría Social y Académica encargada de la observación de las acciones aplicadas y de proponer mejoras en su implementación: "de tal manera que no se pierda de vista que se está interviniendo en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y que se logre una atención de calidad para las personas que desafortunadamente hoy viven las consecuencias de décadas de industrialización no regulada".

El CFJG hizo énfasis en que se deberá atender los problemas del Alto Atoyac de forma integral por medio d una política de industrialización para evitar prácticas neoliberales.

" (...) ahora es claro que esa desregulación profundizará los daños a la salud cargando los costos de atención a la salud al Estado, por lo cual se requiere que las industrias adopten nuevas prácticas en el control de sus emisiones y descargas de tóxicos ya sea al aire, al agua o al suelo", afirmó la organización.

En este tenor el CFJG recordó al Gobierno del Estado que la justicia social y ambiental no son herramientas retóricas para adornar un discurso u otorgar una concesión, sino una obligación del Estado.

Del mismo modo que tildaron de "oportunista" la pretensión de apropiarse de una demanda de la ciudadanía: "cuando su deber es abocarse a hacer lo que por obligación le corresponde", subrayó.