Justifica Lorena Cuéllar de la fuerza contra campesinos bajo premisas económicas

Mientras las imágenes de la represión en los bloqueos carreteros de Nanacamilpa circulan como evidencia de una ruptura social, la narrativa oficial ha optado por priorizar la contabilidad de las pérdidas materiales sobre el conflicto agrario de fondo.

La mandataria estatal sostuvo que la intervención de los granaderos fue una medida de "última instancia" ante el agotamiento del diálogo, señalando que la fila de vehículos varados superaba los 13 kilómetros. 

En su versión, Cuéllar Cisneros minimizó el impacto físico de la carga policial al asegurar que "no hubo personas lesionadas" y que los manifestantes se encontraban en "perfecto estado de salud", a pesar de las denuncias de agresión por parte de los labriegos. 

La gobernadora llegó incluso a invertir la responsabilidad de los hechos, afirmando que fueron los campesinos quienes iniciaron la hostilidad, justificando así una respuesta que calificó como "proporcional".

Sin embargo, el enfoque de la administración estatal ha generado críticas por la rapidez con la que se priorizaron las mercancías y el tránsito vehicular sobre la resolución de las demandas del sector agrario. 

Al afirmar que "había mercancía que se echó a perder" y ciudadanos que no llegaron a sus hospitales, el gobierno estatal construyó una justificación moral para el uso de la fuerza pública, dejando de lado la raíz de la inconformidad que llevó a los productores a las carreteras. 

La postura de la mandataria fue tajante: la prioridad del Estado, en este caso, fue la liberación de la vía para evitar "perjuicios a terceros", delegando a los afectados la decisión de proceder legalmente contra los manifestantes.