Tlaxcala, Tlax.- La reciente reforma constitucional en Tlaxcala que limita las remuneraciones y elimina la posibilidad de contratar determinados seguros y prestaciones con recursos públicos abrió el debate sobre sus efectos en los organismos electorales. Sin embargo, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aseguró que, en su caso, no habrá repercusiones presupuestales.
La explicación es sencilla: el organismo afirma que actualmente no cuenta con los beneficios que la nueva legislación busca restringir, por lo que el presupuesto previsto para el siguiente ejercicio permanecerá sin cambios.
Reforma constitucional no modifica las condiciones actuales del ITE
El presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emmanuel Ávila González, explicó que las modificaciones aprobadas por el Congreso local forman parte de la armonización con la reforma constitucional federal y todavía requieren el aval de los ayuntamientos para completar su proceso legislativo.
La reforma establece que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de áreas ejecutivas y otros funcionarios de los órganos electorales no podrán superar los límites previstos por el artículo 127 de la Constitución federal.
Asimismo, prohíbe que recursos públicos sean destinados a seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizada, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén expresamente previstas en la legislación aplicable.
"Simplemente no existen esas prestaciones"
Ávila González afirmó que las restricciones no representan un cambio para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones porque ninguno de esos beneficios forma parte de las condiciones laborales de consejeros o personal directivo.
Incluso señaló que el organismo enfrenta una situación distinta a la de otras instituciones públicas, ya que no cuenta con seguridad social pública.
El funcionario explicó que el ITE ha realizado gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de incorporar a su personal a un esquema de seguridad social, aunque hasta el momento ese proceso no ha podido concretarse.
Además, rechazó que los integrantes del Consejo General dispongan de seguros médicos privados, seguros de vida, fondos especiales de retiro o cualquier otra prestación extraordinaria.
"Solamente tenemos el salario íntegro", sostuvo al referirse a las condiciones laborales vigentes dentro del organismo electoral.
El debate sobre el costo de las elecciones continúa
El presidente del ITE indicó que, debido a este escenario, el anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio no requerirá ajustes extraordinarios derivados de la reforma.
No obstante, consideró que la discusión sobre la reducción del gasto electoral debe analizarse de manera más amplia. A su juicio, una parte importante del presupuesto destinado a los procesos electorales corresponde a la estructura operativa y a la organización de las elecciones, más que a las remuneraciones de consejeros y magistrados.
Respecto a las interpretaciones políticas que ha generado la reforma, Ávila González señaló que se trata de una disposición de carácter federal que las autoridades estatales y los organismos electorales deberán cumplir, independientemente de los distintos posicionamientos que existan sobre sus posibles efectos en la autonomía de las instituciones electorales.
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