ITE acumula 41 denuncias electorales en Tlaxcala rumbo al proceso 2026-2027

La estadística elaborada por la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE refleja que, aun sin el arranque oficial del calendario electoral, distintos actores políticos y servidores públicos ya enfrentan procedimientos que podrían derivar en sanciones administrativas, económicas e incluso electorales, dependiendo de la gravedad de las conductas acreditadas.

Crecen denuncias electorales en Tlaxcala rumbo a 2026

El personaje con más señalamientos es el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quien aparece mencionado directa o indirectamente en al menos 25 expedientes promovidos por ciudadanos y partidos políticos.

Las denuncias incluyen presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada, utilización indebida de elementos religiosos y uso de recursos públicos con fines de posicionamiento político.

En varios de esos expedientes también aparecen otros actores vinculados con Morena y gobiernos municipales y estatales.

Morena y funcionarios estatales aparecen en distintos expedientes

Entre los nombres señalados se encuentra la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; la dirigente estatal de Morena, Marcela González Castillo; el titular de Educación, Homero Meneses; así como la secretaria del Bienestar, Estela Álvarez Corona.

También figuran la diputada Aurora Villeda Temoltzin y el alcalde de Totolac, Benjamín Atonal Conde.

De acuerdo con la relación de asuntos integrada por el órgano electoral, varias de las quejas derivan de presuntas actividades proselitistas realizadas antes de los tiempos establecidos por la ley, además de posicionamientos políticos acompañados de promoción personalizada y utilización de recursos públicos.

Lorena Cuéllar concentra siete procedimientos

La mandataria estatal aparece en al menos siete expedientes promovidos por ciudadanos y por el PRDT. Los señalamientos están relacionados con presuntas violaciones a los principios de neutralidad e imparcialidad establecidos en el artículo 134 de la Constitución federal.

Las denuncias también incluyen supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos en actividades de carácter político.

En tercer lugar entre los actores con más señalamientos se encuentra la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, quien acumula al menos cuatro expedientes relacionados con presuntos actos anticipados de campaña y promoción previa al proceso electoral.

Educación y SEPE-USET también enfrentan señalamientos

Otro de los focos del litigio electoral anticipado se concentra en la Secretaría de Educación Pública del Estado y la SEPE-USET, encabezadas por Homero Meneses.

Las denuncias promovidas por PRDT y PVEM señalan presuntas estrategias de promoción política, presión sobre trabajadores y utilización indebida de recursos públicos.

Incluso, uno de los expedientes plantea posibles violaciones a los principios de legalidad, constitucionalidad y equidad en la contienda electoral, además de presuntas irregularidades en materia de fiscalización.

Las sanciones podrían ir desde multas hasta cancelaciones de candidaturas

En los expedientes también aparecen el exdiputado Miguel Ángel Covarrubias, el alcalde de Calpulalpan, Juan Manuel Jiménez del Razo, así como autoridades municipales y dirigentes partidistas.

Varias denuncias incluyen además la figura jurídica conocida como “culpa in vigilando”, mediante la cual se atribuye responsabilidad a partidos políticos por no supervisar adecuadamente la conducta de sus militantes o simpatizantes.

Aunque hasta ahora ninguna queja ha sido resuelta de fondo por el ITE, las sanciones podrían incluir amonestaciones públicas, multas económicas, medidas cautelares e incluso cancelación de registros de candidaturas en caso de acreditarse violaciones graves a la normativa electoral.

En escenarios relacionados con uso indebido de recursos públicos o afectaciones reiteradas a la equidad de la contienda, las autoridades también podrían ordenar el retiro de propaganda política, suspender actos públicos o dar vista a instancias fiscalizadoras y ministeriales.

La cantidad de expedientes abiertos evidencia que la disputa por la sucesión gubernamental y la renovación de ayuntamientos, diputaciones y cargos federales en Tlaxcala comenzó mucho antes del arranque oficial del proceso electoral previsto para diciembre de 2026.