Frente interestatal exige frenar megaproyectos y revertir la devastación en la Cuenca del Alto Atoyac

Las representaciones comunitarias señalaron que la región ha sido convertida en un «infierno ambiental» y una zona de sacrificio a partir de décadas de industrialización sin controles efectivos.

Las organizaciones expusieron que, de acuerdo con análisis sustentados en datos del INEGI y especialistas en la materia, en la cuenca operan más de 22 mil empresas manufactureras y se registran al menos 112 sustancias tóxicas en los ríos Atoyac y Zahuapan, frente a una normativa oficial insuficiente.

Esta problemática, advirtieron, se traduce en una crisis de salud pública caracterizada por altos índices de neoplasias, cáncer, insuficiencia renal y abortos espontáneos, lo que ha generado una tasa de mortalidad alarmante en las comunidades ribereñas.

El documento cataloga las acciones oficiales como una "simulación del saneamiento" y alerta sobre la imposición de obras que agravan la degradación territorial.

Entre las principales inconformidades en Tlaxcala, las comunidades reclaman la cancelación definitiva del Libramiento privado en Calpulalpan, demandando en su lugar la ampliación a cuatro carriles de la carretera federal existente, el cese del proyecto Ciudad de la Juventud en el Parque Nacional Xicohténcatl, la detención de las obras en la Ciudad Administrativa y de Entretenimiento, y el freno a los rellenos y proyectos PODECIBI en San Pedro Ecatepec.

Asimismo, en Puebla demandan la anulación del proyecto Cablebús, del Ecoparque Tlalli Malinche en la montaña Matlalcuéyetl y del complejo PODECIBI en San José Chiapa.

A la par de estos reclamos de infraestructura, el bloque interestatal emplazó a los ejecutivos federal y estatales, así como a dependencias como la Semarnat, Conagua, IMSS y Profepa, a asumir su responsabilidad legal e histórica.

Entre sus demandas centrales destacan la obligatoriedad de que la industria asuma el tratamiento interno total de sus descargas residuales, la declaratoria de la Laguna de Acuitlapilco y sus afluentes como Área Natural Protegida con carácter de Santuario participativo, y el respeto estricto a las decisiones de las asambleas nahuas de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe respecto a la preservación de sus campos deportivos frente a obras institucionales.

Finalmente, las organizaciones firmantes, entre las que figuran el Centro Fray Julián Garcés, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, Hijas de la Matlalcuéyetl y movimientos en defensa del territorio de diversos municipios, responsabilizaron a las autoridades de criminalizar la protesta social y utilizar la fuerza pública para coaccionar a las poblaciones locales.

Subrayaron que la resolución de la crisis socioambiental sólo provendrá de la autodeterminación comunitaria y del cumplimiento del mandato popular, reivindicando el derecho colectivo a recuperar la salud, los ecosistemas y la dignidad de la región.