En Apizaco prohíben operación de nenis; Ayuntamiento criminaliza las entregas por internet

Lejos de fomentar la economía local, el Ayuntamiento ha comenzado a emitir notificaciones formales para prohibir y sancionar las entregas rápidas de mercancía en los llamados "puntos medios" del centro de la ciudad.

La molestia ciudadana estalló tras la difusión de un oficio oficial, fechado en este mes de agosto de 2026, con el que inspectores municipales abordan a jóvenes y comerciantes que acuden al centro únicamente a entregar productos pactados previamente vía Facebook o WhatsApp.

El documento, que justifica su accionar saturando el texto con citas a la Constitución, la Ley Municipal y el Bando de Policía, exige a los ciudadanos retirarse del lugar bajo el argumento de no contar con un permiso para "ejercer comercio en vía pública".

Lo que las autoridades municipales ignoran, o deciden penalizar deliberadamente, es la naturaleza de esta actividad.

Los afectados denuncian que no son vendedores ambulantes ni instalan puestos semifijos; se trata de entregas transitorias que duran apenas unos minutos.

La advertencia gubernamental es tajante: de hacer caso omiso, el ciudadano será acreedor a una sanción y al decomiso inmediato de su mercancía.

Hasta el momento, la administración no ha transparentado si existe un marco legal real que obligue a tramitar y pagar un permiso por una entrega rápida, dejando entrever una estrategia meramente recaudatoria y persecutoria.

El aspecto más turbio de esta medida punitiva recae en la autoría intelectual del acoso.

Las notificaciones oficiales están firmadas por Benito Ricardo Rojas Saldaña, ostentando el cargo de Coordinador de Comercio en Vía Pública.

Este hecho ha profundizado la indignación ciudadana, pues expone una grave contradicción en el discurso de Javier Rivera.

Ciudadanos señalan que el presidente municipal había asegurado previamente el cese de dicho funcionario, luego de que este se viera envuelto en fuertes señalamientos de corrupción y agresiones.

Que Rojas Saldaña continúe en nómina, operando y firmando amenazas de decomiso, demuestra que la supuesta depuración del ayuntamiento fue una abierta simulación para calmar los ánimos públicos.

La desconexión entre el gobierno de Apizaco y la realidad económica de sus gobernados es cada vez más evidente. Mientras se persigue con rigor burocrático a la clase humilde y a quienes buscan un ingreso honesto mediante el autoempleo, los apizaquenses reprochan la doble moral de la administración.

Se acusa a Javier Rivera de asfixiar a sus propios votantes mientras su Cabildo le aprueba presupuestos millonarios destinados exclusivamente a ensalzar su imagen pública.

Ante lo que consideran una traición a la confianza depositada en las urnas, ya circulan fuertes llamados entre la población para organizar un boicot económico contra los negocios privados del alcalde, conocidos como "Tiendas Rivera".