Emite CEDH recomendación contra ex alcalde de Chiautempan

"De acuerdo con el expediente CEDHT/6VG/27/2020, fue el 26 de noviembre de 2019 cuando la pareja (que no saben leer ni escribir) originaria de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, fue presionada para firmar un contrato de permuta de su vivienda a cambio de un predio", explicó el órgano garante",

Otros servidores públicos involucrados son: la síndico Ixchel Mejía Sarabia; así como el ex director de gobernación Enrique Zecua Lima y el ex director jurídico José Reyes Cornejo, quedando asentados en el expediente 07/2024

El 30 de diciembre de 2019 la autoridad municipal procedió con la demolición en parte de la vivienda ubicada en la comunidad de Guadalupe Ixcotla, ejerciendo actos de dominio y violaciones a los derechos humanos de las víctimas

La CEDH señaló que tanto la anterior, como la actual administración han sido omisos para responder a las víctimas por medio de la conciliación: "Pese a que la CEDH buscó, hasta en cinco ocasiones, una solución a través de la conciliación con la anterior y la actual administración, el ayuntamiento ha sido omiso, pues lo único que ofreció fue una compensación que no se ajustaba a los daños causados y valuados con el estudio correspondiente".

En este sentido, la CEDH determinó que, a pesar de que los hechos ocurrieron en una administración anterior es obligación del ayuntamiento: "cumplir con los deberes constitucionales derivados de las violaciones a Derechos humanos de las víctimas".

"El ayuntamiento de Chiautempan deberá llevar a cabo la sesión o sesiones necesarias de Cabildo donde se aborde dicha problemática, considerando en la aprobación de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 una partida especial exclusiva para el pago de la reparación del daño, así como el pago de una compensación como parte de la reparación integral del daño, comprendiendo el aspecto económico y psicológico", sentenció la CEDH.

Así como la autoridad municipal deberá impartir un curso integral de formación y capacitación para los servidores públicos en materia de obligaciones, deberes, derechos humanos, la legalidad, la seguridad jurídica así como emitir una disculpa pública donde sean condenados los actos cometidos y garantizar su no repetición.

Todo lo anterior en un plazo de 15 días a partir de la notificación y deberá informar la aceptación de la recomendación, en su caso deberá notificar y motivar la no aceptación de dicho ordenamiento.