Tlaxcala, Tlax.,-En una acción que busca sentar un precedente contra la impunidad en los servicios públicos, las autoridades estatales determinaron la remoción inmediata de Gilberto Amaro Neri de su cargo como juez del Registro Civil en el municipio de Amaxac de Guerrero.
La decisión se tomó tras la formalización de diversas denuncias ciudadanas que lo señalan como responsable de encabezar un esquema de cobros excesivos e irregulares, afectando de manera directa el patrimonio de las familias locales.
Las investigaciones señalan que el exfuncionario presuntamente operaba en complicidad con el secretario del ayuntamiento, Serafín Hernández.
Según los testimonios de las víctimas, ambos servidores públicos habrían establecido una red para identificar a ciudadanos con necesidades de trámites administrativos, especialmente a personas adultas mayores que requerían la corrección de sus actas de nacimiento.
Por estos servicios, se llegaban a exigir pagos de hasta 5 mil 900 pesos, una cifra que excede drásticamente los costos oficiales estipulados por la ley para este tipo de trámites de identidad.
Ante el cúmulo de evidencias y el creciente malestar social por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la tercera edad, la Dirección del Registro Civil Estatal aplicó su política de cero tolerancia a la corrupción, procediendo con el cese fulminante de Amaro Neri y el nombramiento de un relevo que garantice la transparencia en la oficina municipal.
Esta medida se enmarca en una estrategia estatal para reforzar la vigilancia y sancionar con firmeza cualquier práctica indebida dentro de las instituciones que brindan servicios básicos a la población.
Actualmente, la presión se ha volcado hacia el Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, del cual se espera una actuación congruente en el ámbito de sus competencias para deslindar las responsabilidades administrativas o legales del secretario municipal involucrado.
Con esta determinación, el Gobierno del Estado envía un mensaje contundente a los funcionarios de los 60 municipios sobre la prohibición estricta de solapar actos que vulneren la economía de los tlaxcaltecas, reafirmando el compromiso de salvaguardar el derecho a la identidad sin abusos de poder.
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