Denuncian cobros irregulares, extorsión y despidos en la Ciencias de la Educación de la UATx

De acuerdo con un comunicado formal dirigido a las autoridades universitarias y a la opinión pública, la administración de la actual coordinación ha detonado prácticas que atentan contra la gratuidad de la educación pública, la legalidad y la seguridad laboral de los trabajadores.

Entre las acusaciones más severas destaca la exigencia de pagos elevados por cursos de titulación que se imponen como obligatorios.

Los afectados señalan que este dinero es requerido en efectivo o mediante depósitos directos a las cuentas personales del coordinador Gilberto José Vargas Oliver, sin que la institución expida comprobantes fiscales o recibos oficiales.

A esto se suma el cobro por la aplicación del examen de certificación de inglés KET, una atribución que, advierten, corresponde exclusivamente a la Facultad de Filosofía y Letras, incurriendo así en una presunta usurpación de funciones y recaudación ilegal.

El uso de las instalaciones universitarias también ha sido objeto de privatización irregular, según el documento, el estacionamiento del plantel opera ahora bajo un esquema de cuotas impuestas sin la aprobación de ningún consejo colegiado, exigiendo pagos de 500 pesos pesos al personal docente y 200 pesos a los estudiantes que utilizan motocicleta.

De igual forma, la comunidad reportó cobros injustificados por concepto de uniformes para un concurso de escoltas, una medida que consideran contradictoria dado que en el plantel ni siquiera se realizan honores a la Bandera de forma habitual.

Más allá de los perjuicios económicos, la comunidad denuncia operar bajo un clima de constante intimidación y represalias.

El texto revela que durante el semestre anterior se exigió una supuesta donación obligatoria para la construcción de la Torre de Rectoría, fijando tarifas de mil pesos para profesores de tiempo completo, 500 pesos para medio tiempo y 300 pesos para los de hora-clase.

Quienes se negaron a entregar este recurso bajo un esquema carente de transparencia fueron despedidos sin causa justificada, configurando actos que los denunciantes califican de extorsión y violación al derecho al trabajo.

Ante la gravedad de los hechos, estudiantes y profesores exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes para llevar a cabo una auditoría integral que rastree el manejo y destino de todos los recursos obtenidos de forma irregular.

Asimismo, demandan la prohibición definitiva de pagos en efectivo o a cuentas personales, exigiendo el uso exclusivo de canales institucionales, y solicitan la emisión de garantías oficiales para asegurar que ningún miembro de la comunidad sufra represalias académicas o laborales por denunciar estos abusos.