Congreso de Tlaxcala podría entrar al caso del mercado de Contla y desata debate legal

En entrevista, el legislador reconoció que la forma en que se otorgó el comodato al exalcalde Eddy Roldán Xolocotzi genera dudas, sobre todo porque se trata de un inmueble público. Sin embargo, también fue enfático en que el Congreso no puede actuar por iniciativa propia sin cumplir con lo que marca la ley.

“Hay una autonomía municipal que se tiene que respetar”, explicó, dejando claro que la responsabilidad inicial recae en el actual ayuntamiento.

Un contrato que sigue levantando cuestionamientos

El origen de esta controversia está en un documento firmado prácticamente al cierre de la administración pasada. A menos de nueve horas de concluir su mandato, el exalcalde formalizó un contrato que le otorga la administración del mercado municipal por 50 años, incluyendo el uso y aprovechamiento del estacionamiento.

Este acuerdo, que va de 2024 a 2074 con posibilidad de ampliarse, ha sido señalado como un acto poco claro. El propio diputado Zainos admitió que, en lo personal, no considera adecuado este tipo de decisiones, aunque insistió en que cualquier conclusión debe basarse en información oficial y procesos legales.

Antes de emitir una postura definitiva, el Congreso espera conocer la versión del actual gobierno municipal, así como los detalles legales que respalden o cuestionen el contrato.

Acciones legales ya están en marcha

Mientras tanto, el caso ya comenzó a escalar por otras vías. El síndico municipal, Gilberto Flores Maldonado, anunció acciones legales para revertir el comodato, al considerar que afecta directamente al patrimonio público.

Incluso, el tema ya fue llevado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se investigan posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y funciones públicas.

El Congreso se mantiene a la expectativa, dejando claro que su participación dependerá de que estos procesos avancen formalmente. En ese escenario, podrían entrar en juego las facultades de fiscalización para revisar a fondo lo ocurrido.

Por ahora, el caso sigue abierto y con muchas preguntas en el aire, mientras crece el interés público sobre lo que podría convertirse en un precedente importante para la administración de bienes municipales en Tlaxcala.