Congreso de Tlaxcala destituye a Cabildo de Contla y justicia federal congela la sanción

Esta resolución, que buscaba sentar un precedente nacional contra el abuso de autoridad y el ejercicio unilateral del poder municipal, se encuentra, sin embargo, en un limbo jurídico ante la intervención de las autoridades federales.

La crisis política que hoy tiene al ayuntamiento de Contla bajo la lupa del Congreso local tuvo su origen el 5 de septiembre de 2025, cuando Alejandro Flores Xelhuantzi, presidente de comunidad de la Segunda Sección, presentó una denuncia formal ante el Legislativo. Según el expediente LXV-SPP001/2025, la alcaldesa y los ediles incurrieron en una grave extralimitación de funciones al suspender ilegalmente a Flores Xelhuantzi de su cargo.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno, el cuerpo de gobierno municipal carecía de facultades legales para separar a una autoridad auxiliar electa por voto popular.

La gravedad de las acciones fue más allá de lo administrativo, pues el Ayuntamiento procedió al cambio de chapas de la presidencia de comunidad y restringió el acceso de Flores Xelhuantzi a las instalaciones, obstaculizando directamente la prestación de servicios a la ciudadanía y vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en la Constitución Federal.

Durante la sesión, el Congreso avaló la sanción con 19 votos a favor, frente a los votos en contra de los diputados del PT y la perredista Laura Flores Lozano, quienes cuestionaron la falta de exhaustividad y fundamentación en el proceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una medida cautelar dictada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Controversia Constitucional 43/2026, y el Juzgado Tercero de Distrito, mediante el amparo 295/2026, ordenaron al Congreso abstenerse de separar a los funcionarios hasta que se resuelva el fondo de los recursos.

Mientras los tribunales federales analizan si el procedimiento del Congreso se ajustó a derecho, la alcaldesa Roldán Xolocotzi, el síndico y los regidores señalados —María Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Joselín Netzahual Yautentzi, Hilda Felícitas Xochitiotzin Cocoletzi y Rogelio Xochitemol Cuatecontzi— permanecerán en sus puestos.

Este caso se perfila como un pulso legal decisivo en el estado, donde el Congreso intentó enviar un mensaje contundente: el bloqueo a síndicos, la marginación de regidores y la imposición de gobiernos unilaterales serán castigados con la revocación de mandato.

Por ahora, el destino administrativo de Contla depende de la última palabra de la justicia federal, dejando a la expectativa tanto al denunciante como a la clase política local sobre los alcances del control constitucional frente a las decisiones del Poder Legislativo.