Tlaxcala, Tlax.- La defensa del juicio político promovido contra la mayoría de los integrantes del ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi volvió al centro del debate público. Mientras las sanciones permanecen suspendidas por resoluciones federales provisionales, el Congreso de Tlaxcala sostiene que el procedimiento se desarrolló conforme a la ley y sin motivaciones partidistas.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, Emilio de la Peña Aponte, afirmó que la LXV Legislatura mantiene vigilancia permanente sobre los litigios en curso y confió en que las resoluciones federales terminarán por respaldar la actuación legislativa.
Congreso sostiene legalidad del procedimiento contra autoridades de Contla
El diputado de Morena rechazó que el juicio político aprobado contra la presidenta municipal, el síndico y diversos integrantes del cabildo haya sido producto de diferencias políticas o represalias institucionales.
Según explicó, el procedimiento respetó cada una de las etapas previstas por la legislación estatal, incluyendo audiencias, presentación de pruebas, alegatos y mecanismos de defensa para los servidores públicos involucrados.
De la Peña Aponte subrayó que el Congreso actuó con apego a derecho durante todo el proceso y que las decisiones adoptadas se sustentaron en los elementos integrados dentro del expediente.
Litigios federales mantienen suspendida la ejecución de sanciones
Actualmente, la ejecución de la resolución legislativa permanece detenida debido a una controversia constitucional y un juicio de amparo promovidos por autoridades municipales.
Estas acciones legales se encuentran radicadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Juzgado Federal, instancias que deberán resolver de manera definitiva la validez de las sanciones aprobadas por el Poder Legislativo.
El legislador aclaró que las resoluciones provisionales emitidas por las autoridades jurisdiccionales no ordenaron detener el trámite parlamentario, sino únicamente impedir que las sanciones fueran notificadas o ejecutadas mientras se resuelven los procedimientos federales.
El origen del conflicto institucional
El juicio político tiene como antecedente el conflicto surgido tras la separación de funciones del presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi, medida acordada por el cabildo el 1 de agosto de 2025.
A partir de esa situación se inició un procedimiento legislativo que derivó en la investigación y posterior determinación del Congreso local.
Durante la sustanciación del expediente, la Comisión Instructora continuó realizando diligencias y actuaciones procesales permitidas por la ley, atendiendo las directrices establecidas por las autoridades judiciales.
Destitución e inhabilitación aprobadas por el Congreso
La resolución avalada por el pleno contempla la destitución e inhabilitación de la presidenta municipal Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, del síndico Gilberto Flores Maldonado y de siete integrantes del cabildo.
Para el Congreso, las conductas acreditadas durante el procedimiento justificaron la imposición de las sanciones previstas en la legislación estatal.
Sin embargo, la aplicación de dichas medidas dependerá de las determinaciones finales que emitan los órganos jurisdiccionales federales.
Rechazan acusaciones de revancha política
Uno de los puntos más controvertidos del caso ha sido la versión de actores cercanos al gobierno municipal, quienes han señalado que el procedimiento tendría un trasfondo político.
Frente a ello, Emilio de la Peña insistió en que no existe persecución ni golpeteo institucional. Sostuvo que las propias resoluciones judiciales permitieron que el Congreso continuara con el procedimiento legislativo y que únicamente limitaron la ejecución de las sanciones.
“No existe ninguna violación al procedimiento”, sostuvo el legislador al defender la actuación de la LXV Legislatura.
Mientras tanto, el futuro de las sanciones permanece en manos de las autoridades federales. La resolución que emitan la Suprema Corte y el Juzgado Federal será determinante para definir si las medidas aprobadas por el Congreso de Tlaxcala pueden finalmente entrar en vigor.
Noticias que podrían interesarte:
-
- Coeprist revisa clínicas y consultorios estéticos en Tlaxcala; no detecta riesgos
- Hallan sin vida a enfermero del ISSSTE dentro de un domicilio en San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan
- Ejidatarios liberan caseta de la Amozoc-Perote y exigen a Aleatica pago pendiente
- Guardia Nacional reforzará vigilancia en zonas arqueológicas de Tlaxcala contra saqueos
- Cae “El Cholo” en Apizaco; lo señalan por homicidio ocurrido el pasado 2 de mayo