Tlaxcala, Tlax. — Ante la reciente controversia por la reubicación de los planteles educativos ubicados en las inmediaciones del mercado capitalino, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) sostuvo que la mudanza de las primarias "Emiliano Zapata" e "Ignacio Manuel Altamirano" responde a un dictamen preventivo que prioriza la seguridad estructural y la salud pública de la comunidad estudiantil.
El titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández, informó que la decisión de trasladar a los 544 alumnos a la colonia La Loma Xicohténcatl no es arbitraria, sino que se sustenta en evaluaciones de riesgo emitidas por autoridades de Protección Civil.
Según el funcionario, el inmueble actual presenta un deterioro acumulado que, sumado a su ubicación geográfica, representa una vulnerabilidad institucional que el Estado no puede ignorar.
La autoridad educativa subrayó que la operatividad de una escuela en el perímetro del mercado municipal ha dejado de ser viable debido a factores externos que comprometen el bienestar de los menores.
La proximidad con centros de abasto propicia la acumulación de desechos sólidos y la proliferación de fauna nociva, generando focos de infección constantes; la colindancia con el cauce del río aumenta los riesgos de filtraciones o afectaciones estructurales derivadas de fenómenos naturales y el desgaste del edificio actual ya no cumple con los estándares mínimos de seguridad para albergar a una población infantil de manera prolongada son los factores que se tomaron en cuenta para el desplazamiento de los alumnos.
Meneses Hernández enfatizó que el Gobierno del Estado garantiza el derecho a la educación sin restricciones, así estudiantes serán integrados en el mes de abril a una infraestructura totalmente nueva que cumple con la normativa federal y estatal vigente, asegurando un entorno pedagógico digno y libre de los riesgos que acechan su ubicación actual.
"Mantener el servicio educativo bajo condiciones insalubres implicaría una responsabilidad legal por omisión", sentenció el secretario, reiterando que la prevención de daños es una obligación irrenunciable para la administración estatal.
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